La Unión critica el aplazamiento de las elecciones al campo en Extremadura

La modificación se ha aprobado, según denuncia la organización, aprovechando el Decreto-ley de ayudas a los sectores de la cereza, los cereales y la apicultura. La nueva regulación establece que las elecciones al campo extremeño se convocarán cuando no coincidan con elecciones municipales, autonómicas, generales o al Parlamento Europeo.

La Unión considera que esta medida supone, de hecho, una suspensión de las elecciones agrarias y acusa al Ejecutivo regional de buscar una excusa para evitar que agricultores y ganaderos puedan decidir quiénes quieren que sean sus representantes e interlocutores.

La organización advierte de que el aplazamiento se produce sin una fecha concreta y cuestiona que pueda encontrarse un año libre de cualquier convocatoria electoral. En este sentido, distingue entre evitar que los comicios coincidan en periodos cercanos y posponerlos indefinidamente.

Otro de los aspectos que critica La Unión es que la decisión se haya adoptado sin consultar a las organizaciones profesionales agrarias o, al menos, sin contar con la propia entidad.

La organización recuerda que el artículo 299 de la Ley Agraria de Extremadura establece que la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias debe determinarse mediante elecciones cada cinco años, previa consulta a las entidades con implantación en la comunidad autónoma.

Por ello, plantea si es necesario consultar a las organizaciones para convocar las elecciones, pero no para aplazarlas sin una fecha determinada.

La Unión también ha cuestionado la fórmula legislativa utilizada por el Gobierno regional. Considera llamativo que PP y Vox, que han criticado al Gobierno central por recurrir a reales decretos, hayan modificado la normativa electoral agraria extremeña mediante un decreto-ley de ayudas a distintos sectores del campo.

Por último, la organización censura que partidos que han reclamado adelantos electorales al presidente del Gobierno adopten, cuando gobiernan, una medida que, a su juicio, pospone el derecho de agricultores y ganaderos a elegir periódicamente a sus representantes.