UPA: “Aquí nadie se ha llevado un duro para casa”

La organización agraria UPA-UCE organizaba esta mañana una reunión a la que han asistido representantes de la organización de varias comunidades. El objetivo: "dar respaldo a la organización agraria extremeña tras el presunto caso de fraude".

En una multitudinaria rueda de prensa, a la que también han asistido los tres detenidos puestos en libertad: Miguel Leal, Pepe Cruz y María Antonia Alcalá, los representantes han manifestado su “indignación” por el proceso llevado a cabo por la Guardia Civil.

Aseguran que “no hay caso”... “Aquí nadie se ha llevado ni un duro para casa”, resaltaba Lorenzo Ramos, secretario general de UPA en Extremadura, quien además encabezaba la rueda de prensa.

Ramos asegura que en esta organización trabaja gente “honrada” y que de entre todas las solicitudes de los agricultores y ganaderos de la región “se puede haber cometido algún error administrativo alguna vez”, pero “nunca los delitos que se nos achacan, más propios de criminales que de personas como nosotros”.

INVESTIGACIÓN

La investigación proviene de una denuncia interpuesta por un agricultor, que habría solicitado estas ayudas provenientes de los fondos europeos para formación, y más tarde la Junta le reclamó dicha ayuda por no haber entregado los informes correspondientes.

PROCESO DIFICULTOSO

Se trata de un proceso difícil de entender, pero que desde 7Días intentamos aclarar a los lectores:

Los agricultores y ganaderos extremeños se dirigen hasta la Administración regional solicitando estas ayudas para la formación. Éstas provienen de fondos europeos, y solo son entregadas en el caso de que la Junta apruebe el informe de la persona solicitante.

Si es favorable, el beneficiario recibirá una ayuda de 700 euros, según nos han explicado desde UPA-UCE, repartidos en tres años. El primer año, el agricultor recibirá el 40% de la totalidad, el segundo año un 30% y el último año otro 30%. Pero la Junta exige al solicitante que cada año demuestre, mediante un informe, que está recibiendo dicha formación.

Esta cuantía que recibe el agricultor o el ganadero que solicita la ayuda de la Unión Europea va a parar a la organización agraria a la que pertenezca esta persona, y que es la que ofrece este servicio de formación.

Esto desencadena en la denuncia interpuesta por Paulino Luna. El agricultor denunció que la Junta le había requerido la devolución de esta ayuda, ya que, según fuentes de este diario, el agricultor no habría realizado bien los trámites para certificar que estaba recibiendo esa formación en el último año.

La Consejería de Agricultura por tanto exige la totalidad de la subvención entregada, y no una parte.

Pero los representantes de UPA no entienden porque se achaca estos delitos a la organización y por el contrario “no se exige a la Junta que aporte toda la documentación”.

“Nuestra organización agraria está acreditada para ofrecer esa formación. Pero nosotros no elegimos a quienes se la damos, eso lo exige la Junta, que es quien aprueba el expediente. Una vez que el expediente resulta favorable, nosotros procedemos a la realización de esa formación, por lo que prestamos un servicio que es por el que cobramos”, explica Lorenzo Ramos.

Pero niega rotundamente que dicha formación no se haya ejercido, o que no haya seguido las condiciones que tenían que seguir. Según el secretario general de UPA, “nosotros ofrecíamos la formación tal y como se nos exigía en las bases”.

Debido a esto, la organización agraria no entiende porque se están buscando pruebas o algo que pueda incriminar a alguien cuando “quien realmente acepta o no acepta esas solicitudes es la Junta”.

Aclaran que, si la Junta destinase esos fondos directamente a la organización agraria “se evitarían estos problemas”, ya que, el sindicato del campo pediría tantas ayudas como solicitudes recibiese, y de esta forma “nos ahorraríamos ese traspaso de dinero” que parece no cuadrar a la Guardia Civil.

EMPRESA EXTERNA

Además, preguntado por la empresa externa que colaboraba con esta organización agraria, Ramos ha aclarado que no es ilegal que una empresa pueda ofrecer financiación a los agricultores, “al igual que lo hacen entidades bancarias u otras organizaciones”.

“NO HAY CASO”

Los asistentes a la Comisión Ejecutiva de hoy están indignados y exigen que los dos dirigentes aun presos salgan cuantos antes de prisión. Acusan a la justicia de tratarles como criminales, cuando consideran que “no hay pruebas reales de que se hayan producido tales hechos”.

A pesar de las explicaciones que los representantes de esta organización están ofreciendo, y de la tranquilidad que manifiestan, lo cierto es que la Guardia Civil lleva trabajando en este caso más de 10 meses, por lo que incita a creer que algo más está ocurriendo.

Aún se desconoce cuándo saldrán en libertad los dos detenidos, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, quienes se encuentran en el módulo de presos tranquilos de la prisión de Badajoz, y que según nos han asegurado, “están bien dentro de la gravedad de la situación”.

“Esperamos que salgan pronto y que estén en sus casas con sus familias, que es donde deberían estar, porque no han hecho nada”, destacan. Cabe recordar que los dos dirigentes fueron destinados a prisión sin fianza el pasado sábado tras declarar ante la juez que instruye el caso.