UpE denuncia el cierre de centros educativos y la subida salarial de altos cargos de la Junta

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces sobre los asuntos que Unidas por Extremadura llevará al pleno de la Asamblea este jueves. Entre ellos preguntarán sobre educación, vivienda, la proliferación de plantas de biometano en Extremadura y sobre la homologación salarial de los empleados públicos.

Miguel ha señalado que Unidas por Extremadura preguntará a la consejera de Educación por el cierre o “cese de actividad” de diferentes recursos educativos en la región y es que, como ha denunciado, hemos visto cómo este curso se cerraban colegios públicos como el de Aljucén o el de Alvarado, “ambos por falta de alumnos”. “Sabemos lo difícil que es que reabra un colegio que ha cerrado y queremos saber si este gobierno ha hecho todo lo posible por evitar esos cierres de colegios rurales”, ha denunciado De Miguel, que también ha mostrado su preocupación por el cierre de las residencias de Hervás y Alburquerque.

“Aunque hablen de cese temporal, sabemos que esto obedece a una política que lo que pretende es eliminar recursos educativos claves en el medio rural”, ha señalado De Miguel, que además ha evidenciado que estas políticas “ayudan al vaciamiento de nuestros municipios”. La portavoz ha denunciado también la “situación crítica” de la FP en Extremadura “con la falta de financiación” en estos presupuestos y ha señalado que las residencias de Alburquerque y Hervás daban apoyo a la FP “tan necesaria para que haya oportunidades para todos y todas, independientemente de donde uno resida”.

“Parece que esta política se desmorona, se desmantela, eliminando las residencias que generaban empleo en el medio rural, que generaban oportunidades en el medio rural y que garantizaban igualdad de oportunidades a la gente que habita el medio rural”, ha lamentado De Miguel.

Propuesta de impulso sobre vivienda

La portavoz ha señalado que también llevarán al pleno una propuesta de impulso sobre vivienda en la que exigirán a la Junta de Extremadura que declare zonas de mercado tensionado en municipios de la región “donde ha subido exponencialmente el precio del alquiler”, como son Cáceres, Mérida y Badajoz. Miguel ha indicado que además solicitarán que se revisen los precios máximos de la vivienda de protección oficial, “porque no es de recibo que ahora mismo las viviendas de protección oficial tengan un precio mayor que las que están en el mercado libre”, ha denunciado.

Para De Miguel, “esto solo tiene una explicación posible, y es que la Junta de Extremadura, con PP y Vox, lo que quieren es hacer negocio con la vivienda, aunque sea la vivienda de protección oficial, que es la destinada a las familias más vulnerables de nuestra tierra, o por lo menos a las familias que cumplen con los requisitos económicos”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que la nuestra es una de las regiones donde más ha subido el precio de la vivienda y ha denunciado casos como el del barrio Nueva Ciudad en Mérida, en el que fondos de inversión están comprando viviendas y vendiéndolas “a pesar de tener inquilinos dentro que llevan años y años y años pagando religiosamente su alquiler”.

“Creemos que la ocupación no es el problema que existe ahora mismo de vivienda, sino que el problema real es la falta de vivienda a precios asequibles”, ha señalado De Miguel, que ha calificado como “curioso” que el consejero de Vivienda “se escude siempre en que la responsabilidad es del Estado cuando él tiene aquí plenas competencias” y ha cuestionado su postura en este sentido.

Que se aclare si la competencia de vivienda es estatal o la competencia de vivienda es autonómica. Pero lo que no puede ser es que sea estatal para cuando él quiere echar los balones fuera y sea autonómica para cuando él lo único que quiere es utilizar la vivienda como arma arrojadiza contra el gobierno estatal, que es lo único que hacen”, ha criticado De Miguel, que además ha recordado que el próximo 11 de noviembre hay convocada una huelga general para “reclamar que haya vivienda digna para todos y todas”.

Para De Miguel, esta será una jornada “histórica” y ha reclamado a las administraciones competentes que tomen “cartas en el asunto” y cambien “este modelo que nos ha traído hasta aquí y que hace que la vivienda ahora mismo sea inaccesible para la gran mayoría de personas trabajadoras de nuestro país”.