UpE pregunta por la desregulación de su diagnóstico sobre la pobreza en Extremadura

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio Frutos, ha interpelado en el pleno de la Asamblea de Extremadura, al consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de protección social y de lucha contra la pobreza.

González Frutos ha ironizado en su intervención sobre si “se puede hablar de pobreza, o tampoco se puede hablar de pobreza en Extremadura como no se puede hablar de migración en su consejería o de inclusión” y ha preguntado al consejero cuál es su diagnóstico sobre la pobreza en Extremadura.

El diputado de Unidas por Extremadura ha hecho en su intervención un repaso a los datos oficiales que apuntan a que la tasa de pobreza en Extremadura es del 27,5%, 290.000 personas, ha señalado. “Somos los segundos”, ha dicho González Frutos que además ha recordado que Extremadura es la tercera comunidad en baja intensidad en el empleo y la quinta en pobreza severa, “es decir, que hay casi 100.000 personas, el 9,3%”. También ha señalado que la tasa europea de pobreza establece que Extremadura tiene el 32,4% de población en riesgo de pobreza.

González Frutos ha señalado que estos datos nos indican dos aspectos muy “preocupantes”, por un lado, ha indicado que “aumenta la pobreza en los tramos más jóvenes, en el tramo de 18 a 29 años”, y por otro, “que esto tiene mucho que ver la vivienda”. Además, ha recordado que estos datos indican que “sin ayudas públicas, sin transferencias de renta, sin redistribución de la riqueza el índice de pobreza en Extremadura sería del 52,7%”.

El diputado de Unidas por Extremadura también ha señalado las competencias y ayudas del gobierno central para paliar esta situación, así ha recordado que el ingreso mínimo vital afecta a día de hoy a 32.000 hogares y las pensiones no contributivas casi a 14.000 personas en Extremadura.

González Frutos ha señalado en cuanto a la red extremeña de protección que hay que “evaluarla y ver si está funcionando”, además ha criticado que la Junta de Extremadura cuenta con 30 millones de euros para la renta extremeña garantizada, de los que, como ha indicado, el año pasado se gastaron poco más de nueve millones de euros. “Transfirió a otras partidas 19 millones, ¿va a hacer lo mismo este año?”, ha preguntado el diputado de Unidas por Extremadura que ha dicho que tiene “claro que o hay cambios sustanciales o no se lo va a gastar”.

Sobre la renta extremeña garantizada, González Frutos ha recordado que esta es “una prestación que se diseñó cuando no existía ingreso mínimo vital y ahora hay que redirigirla para aquellos sectores a los que no está llegando el ingreso mínimo vital”. El diputado de Unidas por Extremadura ha preguntado al consejero de Desregulación, “qué va a hacer con esto” y le ha recriminado que el dinero que ya no se destina a la Cooperación, no ha ido al sistema de protección. González Frutos ha criticado que “los extremeños que cobran la renta mínima cobran menos que los que cobran el ingreso mínimo vital”, así ha recordado que son 600 euros frente a los 733 del IMV, algo que ha señalado como “un problema”.

El diputado de Unidas por Extremadura también se ha referido al sistema de emergencias sociales que como ha indicado se desarrolla a través de los ayuntamientos. González Frutos ha criticado que con un presupuesto de 5.300.000 euros aproximadamente, algunos ayuntamientos tienen 1.500 euros para repartir en cualquier emergencia, “menos que cualquier ONG”, ha señalado. Además, González Frutos ha criticado que ocurre lo mismo con la ayuda de suministros mínimos vitales, es decir las ayudas para luz, agua y gas, con un presupuesto similar, algunos ayuntamientos también reciben 1.500 euros para hacerles frente.

Sobre el sistema de protección a los pensionistas no contributivos, González Frutos ha criticado que estos presupuestos incluyen un complemento de 260 euros al año, unos 21 euros al mes y ha señalado que “se puede complementar mucho más” ya que como ha recordado en Extremadura hay 14.000 personas que reciben una pensión no contributiva, 4.000 aproximadamente con discapacidad. El diputado ha indicado que hay comunidades autónomas que incrementan la pensión en 100 euros al mes.