USO exige a la Junta reclasificar al personal TCAE: "Se trata de justicia profesional"

La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO), junto a la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, ha reclamado este miércoles ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura la correcta clasificación profesional del colectivo de Técnicas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y de las Auxiliares de Enfermería de la Administración General, exigiendo la aplicación estricta del marco legal vigente.

Durante una concentración, los representantes sindicales leyeron un manifiesto en el que subrayan que el personal TCAE y las auxiliares de enfermería constituyen un pilar esencial del sistema sanitario y asistencial público. Según el texto, su labor se desarrolla en todos los niveles asistenciales, garantizando cuidados directos y continuos, atención a personas vulnerables y seguridad en centros residenciales y sanitarios.

Sin embargo, denuncian que la clasificación profesional actual no se ajusta ni a la titulación exigida ni a las funciones desempeñadas. Pese a requerirse Formación Profesional reglada de Grado Medio, la categoría TCAE continúa encuadrada en el subgrupo C2 en el ámbito estatutario, cuando el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece que la adscripción a los subgrupos C1 o C2 depende de la titulación requerida para el acceso. A juicio del sindicato, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería corresponde al nivel formativo propio del subgrupo C1.

En el caso del personal laboral de la Administración General de la Junta de Extremadura, USO considera que la situación presenta una “clara incoherencia normativa”. Las auxiliares de enfermería continúan encuadradas en el Grupo IV del V Convenio Colectivo, pese a exigirse para el acceso una titulación de Formación Profesional de Grado Medio que, según la normativa estatal básica, implicaría un encuadramiento superior.

El sindicato sostiene que esta situación, mantenida durante años, ha consolidado una clasificación que no responde ni a la formación requerida ni a la realidad del trabajo desempeñado. A su juicio, no se trata únicamente de una cuestión técnica, sino de “justicia profesional”.

Desde USO se insiste en que la reivindicación no persigue privilegios, sino el cumplimiento de la legalidad y la coherencia administrativa. La organización considera que la correcta clasificación profesional contribuiría a dignificar la profesión, reforzar la calidad de los cuidados y evitar la desmotivación y la pérdida de profesionales.

En este contexto, el sindicato ha promovido formalmente una mediación previa al conflicto colectivo con el objetivo de instar a la Administración a corregir la clasificación del personal auxiliar y proceder a su encuadramiento en el Grupo III. Ante la ausencia de una solución efectiva, la organización anuncia que presentará en breve el correspondiente conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

USO reafirma su voluntad de diálogo, pero advierte de que no puede mantenerse una situación que, a su juicio, vulnera el principio de adecuación entre titulación, funciones y grupo profesional. “La aplicación correcta de la ley no es una opción política, sino una obligación jurídica”, concluye la organización sindical.