OPINIÓN: Sánchez se arrodilla de nuevo ante Junts
Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar una debilidad política que ya no sorprende a nadie: su dependencia absoluta de Junts para mantener viva una legislatura exhausta. Las entrevistas de este martes del presidente en RAC1 y TVE no han sido un ejercicio de claridad, sino de rendición pública. “Asumo los incumplimientos”, ha dicho, como si el problema fuera la lentitud y no la naturaleza misma de los pactos que lo mantienen en La Moncloa. No se trata de retrasos: se trata de haber convertido la gobernabilidad de España en una negociación permanente con un partido que no oculta sus objetivos de ruptura.
El presidente ha reconocido que el diálogo con Junts está “roto”, pero acto seguido ha anunciado un decreto ley exprés para cumplir exigencias pendientes. Es decir: cuando Puigdemont golpea la mesa, Sánchez corre a recomponer el tablero. El Gobierno legisla a la carta no con prioridades de Estado, sino con la vista puesta en las demandas de un partido que hace tiempo dejó claro que su proyecto pasa por debilitar las instituciones españolas. Al final, lo que se evidencia no es voluntad de diálogo, sino una sumisión continuada.
Las medidas anunciadas, como la flexibilización del gasto local o la ampliación de plazos para la digitalización de la facturación, pueden ser positivas en sí mismas; pero esa no es la cuestión. Lo relevante es el contexto: se activan justo cuando Puigdemont decide romper relaciones y amenaza con bloquear toda la acción legislativa. Sánchez podía haber impulsado todas estas reformas antes, pero espera a que Junts apriete para reaccionar. Es una manera de gobernar que convierte cada Consejo de Ministros en un gesto de supervivencia política.
Más preocupante aún es el reconocimiento de que la “normalización total” no llegará hasta que Puigdemont pueda volver a Cataluña y ejercer “completamente sus derechos”. La frase no es menor: el presidente del Gobierno, máximo responsable del respeto a las instituciones del Estado, asume como objetivo político la rehabilitación de quien sigue siendo un prófugo de la justicia. Sánchez insiste en que no habla con él, pero asume sus condiciones como si fueran inevitables. La pregunta es quién marca realmente la agenda.
En materia de seguridad jurídica y convivencia, la situación no es mejor. Mientras reconoce compromisos incumplidos con ERC, el presidente promete un nuevo sistema de financiación autonómica hecho a medida de las “singularidades” catalanas, admite que no podrá cumplirse totalmente durante años y, aun así, se compromete a avanzar por esa vía. Es la misma lógica: entregar un mensaje de complacencia a quienes condicionan su permanencia en el cargo, aunque eso suponga dividir a las comunidades autónomas en territorios de primera y territorios de segunda.
La entrevista también ha servido para que Sánchez cargue contra el PP, acusándolo de hacer lobby en Europa contra la oficialidad de las lenguas cooficiales. Pero es difícil tomarse en serio ese discurso cuando la prioridad real del Gobierno es satisfacer las reclamaciones lingüísticas de Junts mientras el país afronta problemas mucho más urgentes. En lugar de un liderazgo firme, hay un presidente que justifica cada gesto como un paso hacia la “convivencia”, cuando en realidad lo que se observa es una continua cesión para evitar un derrumbe parlamentario.
Finalmente, el episodio con Ábalos y los casos de corrupción añade otra capa de desgaste institucional. Sánchez asegura que “todo es mentira”, pero rehúye emprender acciones legales y acusa a la oposición y a “organizaciones ultras” de querer implicarlo a él y a su familia. Sin embargo, ese cierre en falso solo contribuye a aumentar la sensación de que el presidente responde más desde el interés político que desde la transparencia que exige su cargo. La legislatura se sostiene solo porque Sánchez se agarra a Junts, y la entrevista confirma lo que ya era evidente: el precio de mantenerse en el poder lo paga España entera.