OPINIÓN: Urge una ley de emergencia climática en Extremadura
POR: Una Extremadura digna
20 de Febrero de 2022
Los datos e informes científicos que se conocen sobre la crisis ecológica destacan la rapidez del incremento y su extensión a toda la geografía planetaria. La crisis ecológica tiene unos efectos determinantes en el agotamiento de todos los recursos materiales básicos para la vida humana, tanto los relacionados con los alimentos, como los minerales y especialmente, sobre los acuíferos, disminuyendo las reservas de agua.
Los cambios en el medio ambiente, las sequías y la progresiva desertización acentúan la migración y los conflictos con consecuencias dramáticas en la vida de muchos seres humanos
Los organismos internacionales proporcionan cifras espeluznantes, así en 2020 unos 40 millones de personas fueron desplazadas por la crisis climática, y el 70 % de las personas desplazadas viven en áreas urbanas.
Nuestra Comunidad no permanece aislada de algunos problemas generados por la crisis ecológica y social. La consejera de la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, presentó con todo tipo de alharacas como un triunfo político el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC), aprobado por la Junta de Extremadura en Junio de 2021:”. El plan extremeño toma como referencia los Acuerdos de París, la nueva Ley del Clima Europeo, y el Plan Nacional Integrado por la Energía y el Clima.
De este modo, nos decía la consejera, Que Extremadura era la primera comunidad autónoma que desarrolla un plan de estas características, y de este modo “Extremadura muestra su compromiso inequívoco en la lucha contra la emergencia climática y se coloca en vanguardia en el proceso de transición energética. El Plan va a cambiar el modelo energético y contribuir al empleo”.
La realidad es que aún no conocemos concreciones del nuevo modelo energético, a no ser que tenga por fundamento conceder autorizaciones a las compañías eléctricas para que inunden el territorio extremeño de placas solares; no obstante, la producción de energía sigue en manos de estas multinacionales que se apropian y saquean los bienes comunes, tierra, sol y aire, para ganar dinero sin límites y sin consecuencias positivas para las clases trabajadoras de nuestra región.
Por otro lado, el empleo que se genera en la instalación de las placas solares es temporal y bastante precario, con la abundancia de subcontratas que en muchos casos imponen unas condiciones laborales que no tienen o no se ajustan a los convenios colectivos.
Además, en muchas tierras se arrancan olivos y vides poniéndose de manifiesto con este detalle, que no es el único, como el gobierno ha abandonado las políticas en apoyo de los agricultores centrándose en las grandes industrias y en los grandes propietarios agrícolas.
Desde EXTREMADURA DIGNA consideramos que el capitalismo es el responsable de las crisis ecológicas y sociales, y peleamos por otro modelo productivo. Pero en esa línea, no podemos dejar de lado la lucha por la aplicación de políticas concretas que en términos generales estaban contemplados en el Plan Extremeño por el Clima y la Energía.
De este modo, exigimos a la CONSEJERA la ejecución práctica de una serie de medidas contra la crisis ambiental, y el desarrollo del Plan del Clima y la Energía.
Entre otras:
1.- Las políticas industriales deben estar orientadas a la prohibición de los HCFs (los Hidroclorofluorocarbonos) que contienen cloro que destruyen la capa de ozono.
2.- La eliminación de los OGM (Organismos genéticamente modificados), al ser una amenaza general sobre la salud alimentaria.
3.- Políticas para una reducción drástica en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero.
4.- Políticas de reforestación.
5.- Control hidráulica de los embalses para evitar los vaciados intencionados por las empresas energéticas.
6.- El desarrollo del transporte público.
7.- Impuestos sobre vehículos contaminantes.
8.- La potenciación de los trenes de mercancías frente a los camiones.
9.-La regulación severa de pesticidas, y químicos en la producción agroindustrial.
10.- La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para la recuperación integral de Valdecañas.