26 Abril 2024
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Política

El PSOE rechaza la propuesta para evitar enchufes en las empresas públicas

Política

14 de Marzo de 2019

El PSOE rechaza la propuesta para evitar enchufes en las empresas públicas

Durante el pleno celebrado en la mañana de este jueves 14 de marzo se debatía la propuesta de impulso de Podemos con la que pretendían instar a la Junta a respetar los principios de arbitrariedad, igualdad, mérito, capacidad, concurrencia y objetividad en los procesos de selección para la contratación de personal de las empresas públicas.

Además de esto, la formación morada también pretendía con esta propuesta evitar el “abuso” de las encomiendas de gestión, encargos o convenios a las empresas públicas para suplir las tareas propias de la Administración.

La propuesta, que no ha salido adelante, ha contado con el rechazo de PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos, cuyos votos habrían sido suficientes para que saliera adelante. El diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, no ha votado.

Quieren además que se obligue a las empresas públicas a que al menos un 7% de sus plazas sean cubiertas por personal con discapacidad.

POSICIONAMIENTOS

Por parte del PP, la diputada Eva Pérez Zamora, reconocía el abuso de las encomiendas de gestión para “colocar amiguetes y familiares en las empresas públicas”, recordando que el anterior gobierno de Monago “trabajó para arreglar las irregularidades introducidas por el anterior Ejecutivo socialista de Vara”.

Los ‘populares’ también se muestran a favor de que las empresas públicas respeten los principios constitucionales y piden que se publiquen las listas de aspirantes para que se puedan conocer o reclamar si no se está de acuerdo.

El PSOE asegura que la Junta “está cumpliendo” y “trabajando” para que la selección de personal cuente con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, Ascensión Godoy afirma que “no se abusa” de las encomiendas de gestión.

Podemos cree que es “bochornoso” que el Partido Socialista, PP y Cs hayan rechazado que los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad primen en los procesos de selección de las empresas públicas.

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