Abren juicio contra el fiscal general y le imponen una fianza de 150.000 €

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico remitido por el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al fiscal encargado de su caso.

El instructor ha señalado que existen indicios sólidos de que García Ortiz, en su condición de fiscal general, dio publicidad a información reservada obtenida por razón de su cargo, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Según el auto, el correo contenía datos personales y sensibles aportados en el marco de un proceso penal y bajo deber de confidencialidad.

El magistrado ha destacado que la divulgación de esta información no solo habría podido perjudicar la reputación del afectado, sino también menoscabar el prestigio de la Fiscalía y comprometer principios constitucionales como la imparcialidad y el derecho de defensa. En este sentido, Hurtado ha subrayado que el fiscal general “dio una publicidad que no debió alcanzar” a un contenido reservado.

Como medidas cautelares, el juez ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del procedimiento, con apercibimiento de embargo en caso de impago. El plazo para presentarla es de cinco días.

Por el contrario, el magistrado ha rechazado la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente a García Ortiz de sus funciones, al considerar que existe un “vacío legal” sobre esta posibilidad y que la vía adecuada para resolverlo corresponde a la Inspección Fiscal. El auto será remitido a este órgano para que, en su caso, decida lo procedente.

Con esta resolución, el caso pasa a la Sala de lo Penal del Supremo, a la que corresponde el enjuiciamiento de los hechos. El abogado de García Ortiz dispone ahora de un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa frente a las acusaciones ya formuladas.