Llueve sobre mojado: "Un año después de la DANA se sigue construyendo en zonas inundables"

Amnistía Internacional Extremadura (AIEx) denuncia que el derecho a la vivienda "no fue protegido antes ni después" de la DANA que devastó la Comunidad Valenciana en 2024. Según la organización, las autoridades estatales, autonómicas y locales "han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin aplicar medidas eficaces de adaptación al cambio climático".

Asimismo, señalan que un año después del desastre, la revisión del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación sigue sin aprobarse y tampoco se han reformado las normas estatales sobre gestión del riesgo de inundaciones, mientras la Generalitat ha impulsado un "urbanismo exprés" que facilita nuevos proyectos en municipios afectados, "poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas".

La organización apunta además que cerca de 60.000 personas migrantes, muchas de ellas mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, "se han encontrado con barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas como el empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Esa dificultad las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su condición de personas afectadas".

"En barrios como Xenillet y La Mancha, en Torrent, la DANA "agravó la marginación que sufrían", con derribos de viviendas, retrasos en la reconstrucción.

La organización subraya que la respuesta institucional ha sido "reactiva, fragmentada y sin coordinación entre administraciones", centrada en la asistencia temporal y no en la garantía de derechos. Las ayudas económicas, de un máximo de 800 euros mensuales, "resultan insuficientes frente a los precios del alquiler", que aumentaron tras la catástrofe, mientras que "la escasez de vivienda social y la falta de planificación" dejan a muchas familias sin alternativas dignas.

Para Amnistía Internacional, la DANA puso en evidencia una crisis estructural de vivienda y una ausencia de estrategia real frente al cambio climático. Por ello, reclama una moratoria inmediata que "paralice los proyectos urbanísticos en las zonas afectadas hasta que se revise el  Plan de Acción Territorial y se realicen estudios locales de riesgo".

Además, pide a las autoridades centrales, autonómicas y locales que "revisen el sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos" y elaboren un protocolo integral de ayudas que refuerce el derecho a una vivienda adecuada antes, durante y después de las catástrofes.