ANEFHOP: "Entre el 25 y 30% de las plantas de hormigón extremeñas venden producto ilegal"

De acuerdo con los últimos datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), entre un 25 y un 30% de las plantas de hormigón de Extremadura no cumplen con el certificado exigido por la Instrucción Técnica de Control de Producción (Real Decreto 163/2019), “están vendiendo hormigón ilegal, en lo que es una clara competencia desleal en el sector”, indican.

Esta situación, que no parece vaya a cambiar en el corto plazo, perjudica notablemente a las empresas productoras de hormigón cumplidoras de la legislación, que se ven abandonadas a su suerte frente a las empresas que han decidido mantenerse al margen de las obligaciones.

Obligatorio desde el 1 de abril de 2021, este certificado exigido por la Instrucción Técnica de Control de Producción (Real Decreto 163/2019) garantiza que la fabricación del hormigón se lleva a cabo en un marco de legalidad, seguridad y calidad industrial, así como prohíbe su venta a las plantas productoras que no lo dispongan. 

El no contar con esta certificación compromete la seguridad de edificaciones, viviendas y, en general, cualquier obra construida en Extremadura; pues no asegura su calidad, a la vez que fomenta la competencia desleal en el sector.

De mantenerse esta situación en el tiempo, las empresas cumplidoras, que cuentan con unos mayores costes como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones, se verían abocadas a dejar de cumplir la ley o cerrar sus instalaciones, reduciendo la presencia de las planta certificadas/legales y consolidando a las que no lo están/ilegales. En este sentido, desde ANEFHOP se considera urgente implementar diferentes mecanismos para asegurar la calidad y seguridad del hormigón a suministrar en Extremadura:

?             La Administración, en concreto la Dirección general de Industria, es la responsable del seguimiento del cumplimiento y tiene la capacidad sancionadora. En Extremadura apenas se han llevado a cabo acciones, menos que otras comunidades autónomas, ni a la misma velocidad. Cabe decir que, en otras Comunidades como Madrid, se han requerido los certificados a todas las empresas y se han abierto 16 expedientes sancionadores. No es el único caso, ya que se han iniciado acciones en otras comunidades como Castilla y León, Galicia, Andalucía, etc. Esta actuación es clave para el cumplimiento, y se echa en falta una actitud más ejecutiva en este aspecto.

-             Los clientes y las direcciones facultativas deben solicitar el certificado previo al suministro del hormigón a las empresas productoras. En caso contrario, estas podrían estar comprando hormigón ilegal sin ser conscientes de ello. La patronal recalca que esto no está ocurriendo así en muchos casos, prueba de ello es que las empresas sin certificado siguen vendiendo hormigón. Es importante saber que el hormigón ilegal carece de las garantías necesarias puesto que los seguros no cubren incidencias con materiales que no cumplen con la ley.

Por otro lado, ANEFHOP resalta la profesionalidad de las empresas cumplidoras, puesto que muchas empresas extremeñas ya cumplen con las exigencias normativas (entre el 70 y el 75%). “Esto ha sido en parte posible a los esfuerzos de ANEFHOP por informar y asesorar a las empresas que lo han necesitado para poder llegar a tiempo y poder seguir realizando sus actividades sin incidencias. Fuera de la asociación también hay empresas que cumplen, pero quizás no han tenido la lluvia de avisos que han disfrutado los asociados. Por ello, actualmente aún existe un importante porcentaje de centrales sin certificado”, expone Fernando Gómez Pajuelo, delegado de ANEFHOP en Extremadura y Andalucía.

Asimismo, el 100% de las centrales de hormigón pertenecientes a la asociación cumplen los requisitos legales establecidos en el RD 163/2019, representando más de 750 plantas de hormigón activas a nivel nacional. No obstante, fuera de la patronal existen más de 300 plantas que carecen de la preceptiva certificación y continúan sus actividades de manera ilegal. Es necesario que la Administración y los clientes tomen medidas adecuadas para poder evitar males mayores en un futuro muy próximo.