El Gobierno aprueba el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España

La regularización extraordinaria de inmigrantes que anunció el Gobierno el pasado mes de enero ha sido finalmente aprobada por el Consejo de Ministros este martes en el Real Decreto que se publicará el miércoles en el BOE, bajo las duras críticas de la derecha.

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha adelantado que el Ejecutivo incorporará a 550 profesionales extra en 450 oficinas repartidas por todo el territorio español para atender los trámites. 

Según ha explicado Saiz, esta ampliación del personal tiene como objetivo poder “atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes y solicitar subsanaciones o nuevos documentos, así como resolver las autorizaciones”. 

La ministra ha trasladado que este procedimiento será beneficiario para “miles de personas que ya residen en España”, a la vez que ha instado a informarse debidamente sobre el proceso, ya que es complejo y no se podrá hacer “en todas las oficinas ni en cualquier horario”. 

PLAZOS Y REQUISITOS 

El plazo de solicitud se abrirá el jueves 16 de abril con el inicio de la tramitación por vía telemática. Ese mismo día también se habilitará el sistema de cita previa a través de la web para quienes opten por la vía presencial, aunque la atención en oficinas comenzará a partir del lunes 20 de abril. El periodo de presentación de solicitudes estará vigente hasta el 30 de junio para ambas modalidades. 

Podrán acogerse a esta regularización extraordinaria las personas extranjeras que hayan solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o se encuentren en situación administrativa irregular habiendo llegado al país antes de esa misma fecha. 

Por un lado, los solicitantes deben acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero del presente año y demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Por otro, deben carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Este último aspecto es el que más se ha restringido desde su planteamiento hasta la aprobación.  

AMOEX: "NO ES UN PRIVILEGIO, ES JUSTICIA"

Desde la Asociación Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX) han valorado esta decisión como un paso hacia una sociedad “más justa e inclusiva”. El miembro de la asociación Alejandro Peña ha señalado que "esta regularización no es un privilegio, es un acto de justicia social”, y ha subrayado que las personas migrantes sostienen sectores esenciales como la agricultura, los cuidados, la hostelería o la construcción, en muchas ocasiones “sin derechos laborales plenos y expuestas a situaciones de abuso".

Según la organización, "la regularización extraordinaria no solo beneficiará a las personas migrantes, sino también al conjunto de la sociedad, al contribuir a reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y reforzar el sistema de la Seguridad Social, además de favorecer una convivencia basada en la igualdad de derechos y deberes".

Asimismo, AMOEX ha criticado el rechazo político a este tipo de medidas por parte de la derecha y la extrema derecha, al considerar que utilizar el fenómeno migratorio como herramienta de confrontación “no aporta soluciones” y perpetúa la explotación y la desigualdad.