AUGC advierte de problemas con la sanidad en las prisiones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que desde hace más de dos décadas el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos incumplen la ley que obliga a transferir los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas. La organización considera que esta inacción tiene consecuencias graves tanto en la calidad de la atención médica a los internos como en la seguridad de los agentes encargados de custodiar los traslados a hospitales.

Según AUGC, desde 2016 se han cancelado más de 17.000 consultas médicas por falta de personal para realizar conducciones. A ello se suma el hecho de que en 2024 se triplicaron las evasiones de presos en hospitales y clínicas, representando ya el 60 % de todas las fugas registradas. La asociación advierte que esta situación pone en riesgo no solo a los guardias civiles, sino también al personal sanitario y a la ciudadanía.

En su última ronda de contactos, AUGC ha recibido respuestas poco comprometidas o directamente negativas por parte de la mayoría de los gobiernos autonómicos. En el caso de Extremadura, el Ejecutivo habría rechazado avanzar en el traspaso, argumentando que la situación actual de la sanidad penitenciaria en la región es “totalmente precaria” y que es responsabilidad del Ministerio del Interior solventarla antes de transferirla.

La organización recuerda que tanto el Defensor del Pueblo como el Consejo de Europa y otras instituciones similares llevan años advirtiendo de que el actual modelo de sanidad penitenciaria está obsoleto. A pesar de ello, los avances han sido nulos. AUGC lamenta la falta de voluntad política de los gobiernos autonómicos y acusa al Ejecutivo central de limitarse a enviar “una carta al año” sin concretar condiciones ni recursos.

La situación del personal médico es especialmente alarmante. De los aproximadamente 150 médicos activos en prisiones -que atienden a unos 56.000 internos en todo el país-, el 80 % está en edad de jubilarse. Apenas se cubre el 10 % de las plazas que se convocan, y muchas funciones están siendo asumidas por enfermeros sin la formación específica necesaria, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).

AUGC también denuncia el uso creciente de la sanidad privada como solución temporal, con un elevado coste económico para el Estado y sin resolver el problema estructural. La asociación exige que se refuercen de inmediato las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario penitenciario mientras se formaliza la transferencia de competencias.

La asociación critica además el oportunismo político en torno a este tema. Recuerda que partidos de todos los colores -incluidos PP, IU, Unidas Podemos y Sumar- han presentado iniciativas para exigir la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero ninguna ha pasado de ser una declaración de intenciones. “Mientras tanto, los perjudicados son los internos, los sanitarios, los guardias civiles y los propios servicios de salud autonómicos”, advierte AUGC.