Campamento Dignidad celebra la Ruta de la Estafa

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria continuarán el lunes 26 de abril con la realización de movilizaciones para denunciar la falta de atención a los derechos sociales de las familias más humildes de la sociedad extremeña.

En esta ocasión quieren hacer lo que han calificado como la RUTA DE LA ESTAFA que consiste en una denuncia a las elevadas comisiones y descubiertos que cobran los bancos y que suponen un castigo adicional al que se somete a quienes ya sufren los problemas derivados de la precariedad y la pobreza.

La RUTA DE LA ESTAFA que saldrá de la Plaza de Santa María, a las 10:00 de la mañana, consiste en un recorrido por las calles de Mérida, deteniéndonos delante de la puerta de las entidades bancarias y ante la Presidencia de la Junta de Extremadura para expresar lo que es “una manifiesta injusticia que se debe corregir”.

“No es de recibo en un estado que se califica de derecho y social se permita a los dueños de la Banca que para mantener beneficios millonarios y disfrutar de los privilegios que otorga la riqueza y el poder, castiguen a las familias más humildes con el cobro de elevadas comisiones y cantidades desorbitadas por mínimos descubierto”, indican.

Afirman que las desigualdades sociales son de tal magnitud que mientras miles de personas sobreviven en condiciones próximas a la exclusión social, en el otro polo estén los adinerados dueños de la Banca, con sueldos opulentos y recaudando elevados dividendos por sus acciones, y sin escrúpulos para que al jubilarse perciban bonificaciones millonarias.

La guinda del pastel, el adorno que configura su enorme tarta de poder y riqueza, es la alucinante contratación para sus consejos de administración de quienes han sido altos cargos de los gobiernos, sin duda en agradecimiento por la buena defensa que han realizado de sus intereses, prosiguen.

Sin embargo, el trato que el sector de la banca tiene para sus trabajadores y trabajadoras es de explotación laboral y despido cuando no necesita de sus servicios. Desde 2008 había despedido a más de 100.000 empleados (un 35% de las plantillas). Ahora se lanza a una nueva oleada de despidos, que según la patronal AEB supondrá el cierre de miles de oficinas y afectará en lo inmediato a más 20.000 trabajadores. Por ejemplo, Caixabank, tras la fusión con Bankia (en cuyo accionariado participa el Estado), anuncia el cierre de 1500 oficinas y el despido de 8.300 trabajadores, así como la revisión del estatus laboral del resto; el Santander tiene en marcha un ERE que afecta a 3.572 empleados; BBVA anuncia otro para 3.000; 1.800 el Sabadell, 800 Ibercaja…

Todo lo que está ocurriendo tiene el beneplácito de los gobiernos, ya sean regionales o estatales, que obedecen y no tienen la valentía política necesaria para impedir los desmanes que se están cometiendo con las familias más humildes.

El gobierno de Fernández Vara tiene que atender estas justas reivindicaciones y debe impedir que en Extremadura se cometa este atentado y este fraude consentido y de guante blanco contra las clases populares, concluyen desde la Plataforma.