Aprobado parte del paquete de medidas de vivienda del Gobierno
12 de Noviembre de 2026
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado uno de los dos decretos impulsados por el Gobierno para introducir cambios en materia de vivienda. La votación ha salido adelante por un margen mínimo, con 35 votos favorables frente a 34 contrarios. El paquete incluye medidas relacionadas con el acceso a la primera vivienda, la protección de los inquilinos, la fiscalidad de los alquileres y el impulso del parque público.
La formación de Junts ha vuelto a oponerse al texto, como ya hizo cuando el decreto se sometió anteriormente a votación y no consiguió prosperar. Sin embargo, las circunstancias de la Diputación Permanente han permitido esta vez al Ejecutivo reunir los apoyos necesarios para sacarlo adelante.
La suerte del segundo decreto ha sido diferente. La iniciativa que pretendía ampliar la duración de los contratos de alquiler ha sido rechazada por 34 votos a favor y 35 en contra, por lo que no saldrá adelante. De esta forma, el Gobierno consigue recuperar parte de sus medidas de vivienda, pero se queda sin una de las principales propuestas de protección de los arrendatarios.
LAS MEDIDAS DE VIVIENDA QUE SALEN ADELANTE
10.000 millones para facilitar la compra de la primera vivienda
El decreto contempla la creación de la línea de financiación 'Tu Casa', gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este mecanismo contará con 10.000 millones de euros y permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros para facilitar la adquisición de una primera vivienda.
Un fondo de 400 millones para promover vivienda social
El texto incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros, destinado a favorecer la construcción de viviendas por parte de entidades y proveedores sociales. También introduce mayores restricciones para las operaciones especulativas de determinados fondos de inversión inmobiliaria.
Suspensión de desahucios en determinadas compras de viviendas
El decreto establece limitaciones para las entidades que adquieren inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios muy inferiores a su valor de mercado. La regulación afecta también a las sociedades consideradas grandes tenedoras y a las entidades vinculadas a ellas.
En concreto, cuando alguna de estas entidades adquiera o se adjudique por menos del 70% de su valor de mercado la vivienda habitual de una persona vulnerable que no disponga de otra alternativa residencial, el desahucio quedará suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030. La protección se extiende igualmente a las personas jurídicas que tengan la consideración de grandes tenedores conforme a la legislación estatal.
La norma contempla una excepción para las operaciones de compraventa que ya estén formalizadas en escritura pública cuando entre en vigor, aunque todavía no hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad.
Protección para inquilinos vulnerables
El decreto mantiene la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional hasta 2030. Asimismo, recoge una prórroga automática de determinados contratos de alquiler hasta 2028.
En los casos de impago en los que el inquilino se encuentre en situación vulnerable, las administraciones autonómicas tendrán que ofrecer una solución residencial en un plazo máximo de dos meses. Si no pueden facilitarla, deberán asumir el pago de las cantidades adeudadas al propietario y los gastos correspondientes para evitar el desahucio. Esta situación tendrá que revisarse cada doce meses.
Límites a las subidas del alquiler
Las actualizaciones de las rentas estarán sujetas a nuevas restricciones hasta finales de 2027. Cuando el precio del contrato supere el máximo establecido por el sistema estatal de referencia, se limitará su actualización. Para el resto de los casos, el incremento no podrá superar el 2%.
Aviso de 30 días para abandonar una vivienda
Los inquilinos que quieran finalizar el contrato deberán comunicarlo al propietario con una antelación mínima de 30 días, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde la firma del arrendamiento.
Nuevas condiciones para los alquileres de temporada y por habitaciones
El decreto también introduce cambios en los arrendamientos de temporada y en el alquiler por habitaciones. Estos contratos deberán tener una duración superior a 31 días y no podrán prolongarse más de doce meses, salvo que existan circunstancias justificadas que permitan aplicar una excepción.
Cuando no se acredite el carácter temporal del arrendamiento, este tendrá la consideración de alquiler de vivienda habitual. Además, la suma de las cantidades cobradas por las distintas habitaciones no podrá superar la renta que correspondería al alquiler de toda la vivienda. En las zonas declaradas tensionadas también deberán respetarse los límites de precios establecidos.
Deducciones fiscales para los inquilinos
Los arrendatarios podrán beneficiarse de una deducción estatal del 10% de las cantidades abonadas por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 33.307 euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso como ejemplo un arrendamiento de 800 euros mensuales, para el que la deducción podría alcanzar aproximadamente los 1.000 euros en la declaración de la renta.
Incentivos en el IRPF para los propietarios
Los pequeños propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres podrán acceder a ventajas fiscales en el IRPF. Según el decreto, las bonificaciones podrán llegar hasta el 100%, en función de la rebaja aplicada a la renta.
IVA del 10% para los pisos turísticos
Los alquileres de viviendas turísticas pasarán a tributar al 10% de IVA. La medida afecta tanto a los arrendamientos de corta duración como a aquellos en los que se presten servicios propios de la actividad hostelera.
Impuesto especial para las socimis
Las sociedades de inversión inmobiliaria que obtengan beneficios procedentes del alquiler residencial estarán sujetas a un gravamen especial que podrá alcanzar el 25%. La carga fiscal podrá reducirse si destinan las viviendas al alquiler asequible.
Recargos del IBI para viviendas vacías y turísticas
Los ayuntamientos podrán establecer recargos de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que permanezcan desocupadas durante más de tres años. La medida también contempla los inmuebles destinados al alquiler turístico, con un recargo superior para los propietarios que tengan cuatro o más viviendas dedicadas a esta actividad.
Las viviendas de la Seguridad Social se incorporan a Casa 47
Los inmuebles residenciales que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social pasarán a integrarse en Casa 47, la entidad estatal encargada de impulsar el parque público de vivienda, con el objetivo de destinarlos al alquiler asequible.
280 millones en avales para construir vivienda
Por último, el Gobierno destinará 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de viviendas, un modelo que permite reducir los plazos habituales de ejecución. A esta cantidad se suman otros 2.000 millones de euros a través del ICO para facilitar financiación pública y privada a proyectos de construcción de viviendas destinadas al alquiler social o asequible.
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