Denuncian el aumento de agresiones a empleados públicos en Extremadura

La Unión Sindical Obrera (USO) ha lanzado una nueva voz de alarma ante el creciente número de agresiones y amenazas que sufren los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos de la Junta de Extremadura. Son las personas que cuidan, acompañan y atienden a los más vulnerables en residencias, centros de menores o sociosanitarios y que, sin embargo, trabajan en condiciones cada vez más inseguras y desprotegidas.

Los datos oficiales del propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales son contundentes: en 2024 se registraron 78 casos de agresiones y amenazas, frente a los 54 del año anterior. Un aumento del 44% que, según USO, “confirma que el problema no solo no se está solucionando, sino que empeora”.

“Las cifras son alarmantes, pero detrás de cada número hay una persona que ha sido golpeada, insultada o amenazada mientras hacía su trabajo. La Inspección de Trabajo ha tenido que intervenir para exigir lo que llevamos años reclamando: más medios, más prevención y más respeto hacia quienes sostienen los servicios esenciales de esta comunidad”, ha señalado Luis Manuel Gil, secretario general de USO Extremadura.

USO denuncia que la mayoría de las víctimas son mujeres, muchas de ellas auxiliares de enfermería, ATE-cuidadoras o técnicos de educación infantil, que desempeñan su labor en entornos difíciles, con plantillas insuficientes, contratos temporales y sin protocolos claros para prevenir o actuar ante la violencia.

El sindicato asegura que muchos de estos casos ni siquiera se comunican oficialmente al Servicio de Prevención, lo que impide que las agresiones sean contabilizadas ni se adopten medidas. “Hay centros donde se ha normalizado la violencia como parte del trabajo”, lamentan desde USO.

“Cada agresión no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que no protege. Hay trabajadoras que viven con miedo, que se sienten solas y que no denuncian porque saben que nada cambiará. No podemos seguir mirando hacia otro lado”, afirma Ana Avilés, responsable de Salud Laboral de FAC USO.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado en su requerimiento las graves deficiencias denunciadas por el sindicato. El documento revela que el Servicio de Prevención de la Junta de Extremadura está infradotado, con un déficit de al menos 21 técnicos especialistas, la ausencia de psicólogos laborales y la falta de convocatoria de los Comités de Seguridad y Salud durante años.

La Inspección ordena a la Junta adoptar medidas inmediatas, reforzar el servicio y garantizar apoyo psicológico y jurídico a las víctimas. También advierte que el incumplimiento de este requerimiento podría conllevar sanciones graves por vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“Este requerimiento pone negro sobre blanco, lo que llevamos tiempo denunciando. La Junta no solo incumple su deber moral, sino también su obligación legal. Ya no hay excusas: deben actuar o asumir las consecuencias”, ha subrayado Luis Manuel Gil.

Ante la falta de respuestas, USO ha reforzado su campaña “STOP Agresiones: Agredirme no es la solución. Respetarme, sí.”, con la que busca dar voz a los trabajadores que sufren esta realidad y reclamar medidas efectivas de protección.

Entre sus reivindicaciones figuran el registro obligatorio y transparente de todos los incidentes, la atención psicológica y jurídica inmediata, la formación específica en prevención y resolución de conflictos, y el reconocimiento del complemento de peligrosidad (L5) para los puestos con mayor exposición.

“No queremos héroes, queremos profesionales seguros y respetados. Detrás de cada uniforme hay una persona que merece volver a casa sin miedo”, añade Ana Avilés.

USO exige al Gobierno regional que cumpla íntegramente el requerimiento de la Inspección de Trabajo y que se adopten medidas reales, no anuncios vacíos. El sindicato asegura que seguirá vigilante y no descarta nuevas acciones legales si la Administración mantiene su pasividad. “Los trabajadores extremeños no necesitan más titulares. Necesitan seguridad real, respeto y dignidad en su trabajo”, concluye Luis Manuel Gil.