El Consejo Consultivo de Extremadura dejará de funcionar el 1 de enero
17 de Diciembre de 2015
La Asamblea de Extremadura ha decidido en el pleno de hoy que el Consejo Consultivo deje de funcionar a partir del próximo 1 de enero de 2016. Así, la propuesta de ley de derogación de la norma que regula este órgano, que fue lanzada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido aprobada con 36 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención.
La diputada socialista, Ascensión Godoy ha explicado que esta propuesta de ley tuvo veinte enmiendas parciales, de las cuales sólo han prosperado cinco, pertenecientes al PP.
PP
Por su parte, el diputado popular, Miguel Cantero Calvo, ha sido el encargado de defender las cinco enmiendas que presentaba su grupo parlamentario, las cuales no han sido aprobadas.
De igual forma, ha asegurado que el objetivo del PSOE para eliminar el Consultivo “no es económico” e insiste en que existen “diferencias personales” entre el presidente de la Junta y el presidente del Consejo Consultivo de Extremadura.
También ha indicado que con la eliminación de este órgano “el gobierno le está dando un futuro incierto a los funcionarios interinos” y ha criticado a la Junta y al PSOE que “deje de meter a sus amigos en la consejería de sanidad, porque está revolucionando al sector”.
PSOE
Valentín García ha criticado las enmiendas presentadas por el Partido Popular y ha asegurado que “no tienen por qué preocuparse por los trabajadores” porque “todos podrán elegir a la hora de integrarse en la administración general de la Junta de Extremadura, el destino al que quieren ir en un futuro”.
Así, ha mantenido que las funciones consultivas que tengan rango superior a la ley, lo hará el consejo de estado y también las reclamaciones patrimoniales por encima de los 50.000 euros.
De igual forma ha explicado que la Comisión Jurídica va a ser consultada por los servicios jurídicos de la Junta, que está formado por cinco letrados funcionarios. Así, se podrán consultar por las normas con rango inferior a ley, y resolver las reclamaciones patrimoniales inferiores a 50.000 euros.
Finalmente, Valentín García se ha dirigido a los diputados populares para indicarles que “ellos defienden a sus amigos, pero sin embargo el Partido Socialista, defiende los derechos de los extremeños”.
CIUDADANOS
De otro lado, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez ha reiterado que la eliminación de dicho Consejo no se deben solamente a razones económicas sino que ella apuesta por “quitar lo que es innecesario, o al menos prescindible”.
Ha criticado además al Partido Popular indicando que “si no están conforme con una ley, que se opongan totalmente, pero que no presenten enmiendas parciales” porque a su juicio, “eso no conlleva nada”.
Para Domínguez, eliminar de esta forma el Consultivo “son parches” y ha abogado por hacerlo mediante la reforma del estatuto de autonomía. Ha indicado además que si este órgano tiene que seguir funcionando un año más “que lo haga” pero que se suprima “de la forma que exige la ley”, porque considera que esto es “un atajo que crea inseguridad jurídica”.
PODEMOS
Como ya venía anunciando este periódico, Podemos ha optado por realizar un organismo independiente que realice las mismas funciones que el Consejo Consultivo.
Así, la diputada Irene de Miguel ha indicado los grupos parlamentarios tienen un contrato con la ciudadanía “que tienen que cumplir”. Además ha lamentado que algunos partidos políticos tengan a Podemos como “marionetas”, mientras que otros los tachan de “hacer pactos de gobiernos”. De Miguel ha apuntado que “les subestiman”.
Pero ahondando en su propuesta, la diputada de Podemos ha apostado por crear un órgano independiente que lleve a cabo las funciones del Consultivo y que “no tenga injerencias políticas”.
Por lo tanto, Podemos apuesta por un órgano que esté despolitizado, técnico e independiente, únicamente con personal funcionario. Como ya indicaron hace varios días, este nuevo órgano se llamará Comisión Jurídica y tendrá competencias casi idénticas a las del Consejo Consultivo.
De Miguel ha pedido que la sede física de dicha Comisión sea en Badajoz, para que los trabajadores que estaban en el Consultivo y que ahora pasen a la Comisión, “no vean modificadas sus condiciones”.
Según ha vaticinado, se podrán reducir hasta 600.000 euros, y ha indicado que con este cambio “se mantienen trabajadores, y no políticos”.
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