El PP exige a la Junta que no haga “política de titulares” con la educación gratuita de 0 a 3 años

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Pilar Pérez, ha exigido a la Consejería de Educación que deje de hacer “una política de titulares” con la educación gratuita de 0 a 3 años, que no se corresponde con la realidad, y que haga una política que suponga a las familias una conciliación plena.

En este sentido, Pérez ha pedido que la gestión de este asunto se realice de manera equitativa “para todos los alumnos de 0 a 3 años” y sus familias, y no “para unos pocos”.

Pilar Pérez ha explicado que lo que va a implantar la Junta -y que ya están “hartos de vender” desde el año pasado- son unidades por valor de 21 millones de euros para llevar la supuesta gratuidad solo a determinados colegios públicos.

Esto “no es más que un parche”, ha dicho Pérez, y ha recordado que, pese a que la Junta lo venda como un esfuerzo propio, no lo es. “Son 21 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia” con una duración de tres cursos. Tras ello, la Junta debería contar con una financiación real para sustentar las unidades.

Asimismo, Pérez, tras la mesa sectorial de la Consejería con el Ministerio, ha asegurado que “no es cierto” que vaya a haber una escolarización generalizada de 0 a 3 años porque en realidad no hay gratuidad universal, sino que favorece a ciertos colegios públicos de infantil y primaria.

Por ello, el PP ha vuelto a exigir esa gratuidad universal para que todas las familias con niños de 0 a 3 tres años que quieran que estén escolarizados sí tengan acceso a una plaza gratuita, y además en el centro que quieran, así poder elegir libremente el centro y modelo de educación para sus hijos.

Para la portavoz, este parche de la Consejería de Educación supone también una interferencia y una discriminación para los ayuntamientos que gestionan escuelas infantiles de 0 a 3 años. Estas administraciones dedican parte de sus presupuestos a financiar dichas unidades, y muchos de estos consistorios reciben subvenciones de la Consejería, pero no llegan a cubrir ni una cuarta parte de la importancia que aportan.

Con todo, el GPP ha rechazado que se implanten esas unidades en unas localidades y “en otras no”, que solamente se implanten de 1 a 3 dejando desatendidos a los alumnos de 0 a 1, además de la falta de transparencia de la Consejería. “A los ayuntamientos ni les han llamado”.

COMPETENCIA DESLEAL A CENTROS PRIVADOS 

Pilar Pérez se ha referido al que considera otro problema añadido: se está haciendo competencia desleal a los centros concertados que tienen unidades de 0 a 3 años autorizadas por la Consejería. De hecho, los alumnos que estén escolarizados en unidades experimentales tendrán puntuación para luego acceder al centro a partir de los 3 años, mientras que no será así en los concertados.

Otras críticas vienen de las guarderías privadas, que han estado prestando servicios a las familias extremeñas con horarios y atenciones que no tienen nada que ver con los ofertados ahora por la Junta, y no se cubren así las necesidades de las familias para conciliar.

Pérez ha recordado que el PP planteó una iniciativa para instar a la Junta a instaurar la gratuidad universal que permitiera una conciliación sin discriminaciones, y el PSOE la tumbó.

Asimismo, ha avanzado que el GPP volverá a insistir en pedir la gratuidad universal también en las negociaciones del decreto de currículo de educación infantil, donde una de las aportaciones estratégicas es pedir a la Consejería la gratuidad universal en el primer ciclo de 0 a 3 años. "Esto evitaría discriminaciones de alumnos, centros, municipios, y también el cierre de centros y escuelas infantiles de carácter privado, en su mayoría gestionadas por mujeres".

Por último, el Grupo Popular se compromete para que la Junta pueda financiar con total garantía la gratuidad que ahora pretende con sólo 21 millones de euros. “Si necesitan el apoyo del PP para alcanzar esa gratuidad, lo van a tener”, ha asegurado la portavoz de Educación, recordando que gracias al PP se pudo pactar la Ley de Educación de Extremadura y se blindó una red de centros sostenida con fondos públicos para garantizar los derechos de familias y alumnos.