Fernández Calle pide al Gobierno un cambio en políticas migratorias y gestión de menores extranjeros

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha reclamado al Gobierno de España un cambio en su política migratoria y en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), al tiempo que ha anunciado la solicitud de un informe jurídico para analizar si la conocida como Ley de Nietos invade competencias autonómicas y estudiar las acciones que correspondan.

Durante su comparecencia en el Centro Isabel de Moctezuma de Caminomorisco, Fernández Calle ha advertido de la creciente presión que soporta el sistema de protección de Extremadura, que actualmente atiende a 101 MENAs, con una capacidad muy limitada para asumir nuevas derivaciones mientras continúan pendientes más solicitudes de traslado.

El vicepresidente ha denunciado que algunos expedientes reflejan que determinados menores cuentan con familiares en otras comunidades autónomas y ha señalado que, en los últimos días, tres de ellos se han fugado con la intención de reunirse con familiares en Tarragona, Algeciras y Barcelona.

Asimismo, ha asegurado que uno de los menores manifestó haber recibido instrucciones para utilizar el sistema de protección como vía para reunirse posteriormente con su familia.

Fernández Calle ha defendido la necesidad de revisar cada expediente con el máximo rigor, valorar la existencia de familiares y realizar las comprobaciones legales sobre la edad cuando existan dudas fundadas. También ha recordado que la Junta ha presentado alegaciones y recursos para que estas circunstancias sean tenidas en cuenta antes de ejecutar los traslados.

Por último, el vicepresidente se ha referido al altercado registrado el pasado 8 de julio en el Centro Isabel de Moctezuma, que obligó a intervenir al personal de seguridad y a la Guardia Civil, y ha reclamado al Gobierno de España una mayor planificación, coordinación con las comunidades autónomas y una gestión que garantice tanto la protección de los menores como la sostenibilidad del sistema.