Hablan las empresas del transporte escolar: la versión es muy diferente a la de la Junta

Más de 40 empresas extremeñas de transporte escolar han salido al paso de las declaraciones de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, desmintiendo “rotundamente” las acusaciones lanzadas contra el sector y asegurando que la raíz del conflicto se encuentra en el “grave incumplimiento” de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de marzo de 2025. Según denuncian, la Administración no ha respetado lo pactado, lo que ha desembocado en la paralización del servicio y en una situación de “caos e indignación” entre miles de familias al inicio del nuevo curso.

Las compañías explican que en marzo se firmó un documento por el que la Consejería se comprometía a modificar el Acuerdo Marco vigente e incluir nuevas tarifas para las diferentes rutas, con el objetivo de garantizar un servicio viable y de calidad. En un “acto de buena fe”, aceptaron continuar con contratos menores hasta final del curso 2024/25, pese a que las tarifas ya no cubrían los costes. El sector sostiene que confiaba en que, llegado septiembre, entrarían en vigor las nuevas condiciones pactadas, algo que finalmente no ocurrió.

El malestar se agravó cuando la Consejería comunicó que seguiría adelante con el Acuerdo Marco sin modificación alguna, lo que las empresas interpretaron como un “engaño” y una muestra de falta de compromiso. A ello se suma, denuncian, que Educación mantiene aún deudas con algunas compañías por servicios ya prestados el curso pasado, lo que ha puesto en riesgo su viabilidad y la estabilidad de numerosas familias trabajadoras.

Las declaraciones de Vaquera, en las que acusó al sector de querer firmar compromisos “contrarios a la ley” y de ejercer coacciones, han sido rechazadas “de forma tajante” por las empresas, que las califican de “falsas, graves y temerarias”. Afirman que nunca han solicitado nada ilegal y recuerdan que todas sus reivindicaciones están ya implantadas legalmente en otras comunidades autónomas. También subrayan que la consejera no ha estado presente en las últimas negociaciones, lo que consideran un signo de “desconexión” con la realidad del conflicto.

El sector relata además que, durante las conversaciones de este fin de semana, se habían alcanzado acuerdos verbales que ofrecían una salida viable al conflicto, pero que dichos puntos desaparecieron en el documento oficial remitido después para su firma. Esta situación, unida a lo que califican como “reiterados incumplimientos” por parte de la Consejería, ha terminado de minar la confianza. Según afirman, no es la primera vez que ocurre, pues al menos en cinco ocasiones anteriores se han roto compromisos adquiridos directamente por la propia Vaquera.

A estas tensiones se han sumado episodios que las empresas interpretan como intentos de presión e intimidación. Aseguran que el pasado 11 de septiembre varios supuestos empleados públicos se presentaron en domicilios de empresarios del transporte, y que en la noche siguiente recibieron llamadas telefónicas en las que se les exigía reanudar el servicio bajo amenaza de emprender acciones legales. El sector considera estas actuaciones “inadmisibles” y cree que deterioran aún más cualquier posibilidad de diálogo constructivo.

Pese a todo, las empresas insisten en que su voluntad sigue siendo la negociación y la búsqueda de una solución definitiva. Reiteran que su objetivo es garantizar un transporte escolar seguro y de calidad para los estudiantes de Extremadura, pero subrayan que para ello es imprescindible que la Administración cumpla con su palabra y respete los acuerdos firmados.