La Junta aprueba la ayuda urgente de 0,26 €/km para los afectados por el transporte escolar

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto-ley por el que se establece una ayuda urgente de 0,26 euros por kilómetro para las familias afectadas por la ausencia de prestación del servicio de transporte escolar.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha reconocido el "gran esfuerzo" que están haciendo esas familias "por llevar a sus hijos a los centros escolares mientras se soluciona el problema".

"Por eso -ha agregado- vamos a apoyarlas económicamente, contribuir a sufragar los gastos que esta situación les está ocasionando y minimizar, dentro de lo posible, el perjuicio causado por la falta de prestación del servicio".

Manzano ha explicado que las ayudas consistirán en el abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido para llevar a sus hijos al centro escolar, para lo cual se tendrán en cuenta 2 recorridos por día lectivo, de ida y vuelta, entre el domicilio familiar y el centro en el que estén matriculados.

Son ayudas extraordinarias de concesión directa -ha dicho- "que estarán operativas hasta que se reestablezca la prestación del servicio que, deseamos, se produzca lo antes posible".

Concretamente, desde el día 11 al 19 de septiembre, el único requisito para optar a las ayudas es ser beneficiario del transporte escolar, y, a partir del 22 de septiembre, "se comprobará de oficio que se ha acudido al centro", ha puntualizado Elena Manzano.

PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO EXTREMEÑO

La portavoz del Ejecutivo ha reiterado que "siempre ha sido una prioridad para nuestro gobierno garantizar el derecho a la educación del alumnado extremeño y con esa premisa hemos trabajado desde el primer día".

En este sentido, y en consonancia con lo manifestado en la tarde de ayer por la consejera de Educación, ha insistido en que "hemos aceptado todas y cada una de las peticiones que en el marco de la ley han sido planteadas por las empresas para que fueran cubiertas las rutas afectadas".

Además, ha recalcado que "no se trata de un problema de dinero" sino que las empresas han llegado a plantear exigencias de imposible cumplimiento porque están fuera de la legalidad.

Ha puesto como ejemplo la solicitud de que "les quitemos las rutas a empresas que han licitado y a las que se les han adjudicado cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido".

Con el objetivo de seguir defendiendo el derecho a la educación y la prestación de un servicio esencial, ha anunciado que "hoy interpondremos recurso contra el auto que no recogía la medida cautelar que solicitamos para garantizar la prestación del servicio".