Junta: “La víctima es víctima, la mire un juez o la mire un político”

La secretaría general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara, ha solicitado este 29 de abril en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en el Ministerio, que este insistiera a la Unión Europea a prorrogar el plazo para la puesta en marcha de Centros de Atención Integral 24 horas para Víctimas de Violencia Sexual.

La secretaría aspira a que este programa esté para antes de finales de este año 2024, además de tener en cuenta la dificultad con la que se encuentran las comunidades autónomas como la extremeña. Las localidades han tenido que partir de cero ante la falta de ejecución en la que se encontraban los fondos ligados a estos proyectos.

Ante la gran extensión territorial y dispersión geográfica de Extremadura ha provocado que se hayan creado cuatro centros. Están distribuidos en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, aunque la UE a través de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) de donde se ha financiado, sólo exigía la creación de dos, uno por provincia.

Del Ara ha querido distinguir que “es una responsabilidad de los poderes públicos” el llevar todos los recursos posibles a cualquier mujer que pueda ser víctima de violencia de género o sexual “en el último pueblo de Extremadura, ya sea lindando con la provincia de Salamanca o con la provincia de Huelva”.

Desde noviembre de 2023, la secretaria general ha asegurado que “estamos haciendo esfuerzos titánicos”, “para atender las necesidades de esta población”. Además, ha justificado la necesidad de una prórroga porque “vamos muy justos de tiempo”.

Por otro lado, ha explicado el problema con el que se van a encontrar muchas comunidades, entre ellas la extremeña, porque para hacer frente al pago del personal técnico de los centros y los suministros básicos, no entran dentro de la financiación de los MRR.

Asimismo, la Conferencia Sectorial se ha informado de que las comunidades autónomas, de manera excepcional, podrán acumular para el próximo ejercicio lo no ejecutado de los fondos del Pacto del Estado. Y con este capital podrán financiarse los gastos de personal, siempre que la cuantía no supere el 40 por ciento.

Para finalizar, la magistrada en servicios sociales, Sánchez Vera, ha indicado que “la víctima es víctima, la mire un juez o la mire un político, porque al final nuestra responsabilidad es ser asertivos, cercanos, empáticos y, esa lucha se tiene que asentar en tres pilares, como son la prevención-sensibilización, la recuperación de la víctima y el castigo del delincuente".