Extremadura indemnizará cualquier lesión de un agente en acto de servicio, aunque no haya delito

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha logrado un nuevo avance judicial a través de sus servicios jurídicos, tras una importante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que reconoce el derecho de un agente de la Policía Nacional a ser indemnizado por las lesiones sufridas durante una intervención, aun cuando no existan terceros condenados penalmente ni declaración de insolvencia.

Así, el Tribunal reconoce el principio de indemnidad de los funcionarios públicos, que obliga a la Administración a compensar todos los daños y perjuicios sufridos por un agente en acto de servicio, siempre que no haya mediado dolor o negligencia grave. La Sala afirma que la reparación debe ser integral, incluyendo tanto los daños físicos como los perjuicios morales derivados del siniestro.

Esta resolución supone un paso más allá respecto a anteriores pronunciamientos, al declarar expresamente que la Administración debe indemnizar cualquier lesión producida en acto de servicio, incluso cuando no haya mediado agresión, delito ni procedimiento penal alguno, como en el caso del agente representado por JUPOL, que sufrió una fractura durante una intervención policial.

El servicio jurídico de JUPOL, dirigido por el letrado Manuel Casero Rodríguez, ha conseguido que el TSJ de Extremadura anule la resolución de la Dirección General de la Policía que denegaba la indemnización y condene al Estado al pago de 17.428,50 euros más intereses legales, reconociendo que la actuación del agente se produjo en el marco de su servicio y sin negligencia alguna.

Desde JUPOL destacan que esta resolución "marca un hito en la protección jurídica de los policías nacionales". El sindicato apunta que ya había conseguido otras resoluciones favorables en esta línea, como las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se estableció la responsabilidad del Estado en casos de agresiones con autores insolventes. Sin embargo, esta nueva sentencia va más allá al reconocer la indemnización incluso sin la existencia de un responsable penal.

Asimismo, destaca que es el único sindicato policial que ofrece defensa jurídica gratuita a todos sus afiliados, incluidos los policías en prácticas, en todos los procedimientos derivados de su labor profesional, y reiteran su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes y con la plena aplicación del principio de indemnidad, para que ningún policía quede desprotegido ante los riesgos inherentes al ejercicio de su función pública.