La Justicia tumba el contrato para la zona de bajas emisiones de Mérida

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha anulado totalmente el expediente de contratación por el que el Ayuntamiento de Mérida pretendía implantar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este expediente incluía los pliegos, proyectos técnicos, la contratación y ejecución del sistema digital y de control de accesos para la ZBE. Es decir, todo el montaje legal y técnico de la ZBE ha sido tumbado.

Tres asociaciones ciudadanas ha manifestado desde hace meses la ilegalidad de instaurar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Mérida. Se trata de STOP ZBE, DEMOMAPEX y FONDENEX. Esta opinión se basa fundamentalmente en que, según la normativa europea, la instalación de ZBE debe cumplir dos requisitos fundamentales, siendo estos que la ciudad tenga más de 50.000 habitantes y problemas (cuantificados y probados) de polución atmosférica.

"Mérida tiene más de 50.000 habitantes, pero no solo no tiene problemas de polución atmosférica, sino que, por el contrario, es la ciudad de Extremadura con mejor calidad del aire, certificado esto por la Junta de Extremadura", aseguran desde FONDENEX.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Extremadura es la comunidad autónoma, con diferencia, donde la producción de gases invernadero es menor. "Pero es que, además, Mérida, con su extenso término municipal de casi 90.000 hectáreas y sus cientos de miles de encinas, alcornoques, y demás, es la que menos produce de toda Extremadura", apuntan.

En este sentido, desde FONDENEX se cuestionan "¿para qué entonces las cámaras de contorno 360º biométricas? Nada tienen que ver con la calidad del aire ni el vertido de CO2 a la atmósfera y sí con el control de los ciudadanos, ya que las cámaras instaladas pueden hacer reconocimiento facial por inteligencia artificial, vulnerando la intimidad a que tienen derecho todos los emeritenses por mandato constitucional".

Además, señalan que las cámaras "se colocaron sin autorización legal, la de vigilancia de monumentos porque no han sido autorizadas por la Delegación del Gobierno, y las de ZBE porque no está aprobada la Ordenanza correspondiente, que es obligatoria".

Ahora el TSJEX declara como no ajustado a Derecho el proceso de adjudicación y contrato de adquisición de las cámaras, condenando en costas al Ayuntamiento. "Decir que no se puede paralizar lo que no funciona, como ha dicho el concejal Felipe González, es una estulticia, expresan desde la organización. "No funciona porque el Ayuntamiento carece de las autorizaciones pertinentes y ahora, además, el TSJEX sentencia que se ha cometido una ilegalidad".

"¿Quién firmó la adjudicación y compra de las cámaras? ¿Va a dimitir o pagar el dinero que costaron?", son las dudas que sugieren los conservacionistas. "De momento, Mérida se libra del 'Gran Hermano' y quienes apostamos por la calidad de vida en la ciudad y la libertad e intimidad de sus ciudadanos, lo celebramos".