La Junta pide una reforma legal que permita compatibilizar el uso del suelo en áreas protegidas

Extremadura es una de las trece comunidades autónomas que han suscrito un manifiesto en el que solicitan que en las zonas de protección ambiental (ZEPA, LIC o ZEC) se permitan usos del suelo que sean compatibles con los valores objeto de protección.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, una comparecencia en la que ha señalado que el manifiesto está en línea con lo que lo que la Junta viene defendiendo en los últimos meses en relación con una posible modificación de la legislación nacional en materia de suelo y que también ha sido objeto de debate con los partidos políticos en la región.

Concretamente, el documento suscrito por 13 comunidades autónomas precisa que “debido a la existencia de zonas LIC, ZEC o ZEPA muy extensas que abarcan términos municipales completos, la aplicación automática a los mismos del régimen general del suelo rústico de especial protección, sin matices, limitaría de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico de esos municipios”.

Por tanto, añade el texto, “debe entenderse que en esos ámbitos son compatibles algunos usos del suelo por su contribución al desarrollo rural, dentro del respecto a la normativa sectorial que pudiese resultar de aplicación en función de esos valores objeto de protección”.

En este sentido, Juan Antonio González ha alegado que “no puede ser que una residencia geriátrica demandada por los ciudadanos no se pueda construir en un pueblo porque está en una zona ZEPA”, al tiempo que se ha mostrado “totalmente de acuerdo” en que es necesario proteger al medio ambiente, pero también en que éste sea compatible con usos que no dañen esos valores ambientales. El ejemplo de la residencia geriátrica, ha dicho, es algo que está ocurriendo en pueblos de Extremadura.

En el documento suscrito, las comunidades autónomas reclaman también que se dote de seguridad jurídica al ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, ante las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales, así como de “los ajustes legales oportunos para la adecuada interpretación y correcta puesta en práctica de los principios que rijan un urbanismo responsable que, a su vez, sea sostenible, social, económica y medioambientalmente equilibrado”.

Por otra parte, el portavoz de la Junta de Extremadura ha anunciado que se va a realizar una encuesta entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma para conocer cómo valoran la cuestión de la protección ambiental y sus posibles modificaciones legales.

REVISIÓN DE PRECIOS

En relación con los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, González ha anunciado un acuerdo por el que se traspone a los ayuntamientos y entidades locales de la Comunidad Autónoma la aplicación del Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo en el que se establecen medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público.

Esta medida, que ya fue adoptada por el Consejo de Gobierno para las obras del sector público autonómico, será ahora también de aplicación a las que correspondan a los ayuntamientos y entidades locales de la región “siempre que así lo acuerden sus órganos competentes”.

González ha avanzado que el gobierno extremeño trasladará mañana a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que visitará la región, su preocupación por el alza de precios en el sector de la construcción.

El objetivo del acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno es que “ninguna obra pública más se quede atrás” debido al problema de los precios, ya que una de “las palancas” para la creación de empleo en 2022 y para la recuperación económica en Extremadura es precisamente el sector de la construcción.