La Unión pregunta por qué en otras CCAA el Gobierno financia las pérdidas y en Extremadura no

El Ministerio de Agricultura ha presentado el borrador del Real Decreto por el que van a aprobar ayudas a las Centrales de acondicionamiento de frutas afectadas por la helada asociada a la Borrasca Ciril. Estas ayudas van a concederse para paliar los efectos económicos derivados de la falta de procesamiento de la fruta debido a esta helada, según informa La Unión - Extremadura.

En la región extremeña nos encontramos en una situación muy parecida pero causada por otra incidencia climatológica. Las entidades que tienen secaderos y almacenes que cada año manipulan arroz y maíz se van a ver perjudicadas en 2022 por la falta de actividad "ya que la sequía ha dejado más de 35.000 hectáreas sin poder regar y ello supone la pérdida de la totalidad de actividad en los mismos o una pérdida importante".

"Si el Ministerio de Agricultura, con cargo a sus presupuestos va a conceder una ayuda directa de hasta 200.000 euros para las entidades que van a tener menos actividad por las heladas, ¿por qué motivo, este mismo Ministerio no va a aportar estas mismas ayudas a las entidades que no van a tener actividad por la sequía?", cuestionan desde La Unión.

La Junta de Extremadura está trabajando para aprobar una línea de ayudas con cargo a los presupuestos regionales para paliar estas pérdidas, pero la pregunta es la siguiente: "¿Por qué motivo las pérdidas por causas meteorológicas en Extremadura se financian con presupuesto regional y en cambio las acaecidas en Cataluña y Aragón, se financian con presupuestos del Estado?".

La Unión Extremadura ha remitido un proyecto de Real Decreto, tanto a la Junta de Extremadura como al Ministerio de Agricultura, para que se apruebe una línea de 12 millones de euros para paliar las pérdidas ocasionadas en la entidades asociativas agrarias (Cooperativas, Sat, etc.) por falta de actividad como consecuencia de no poder manipular maíz y arroz debido a la sequía en aquellas entidades que demuestren una pérdida superior al 30% de la actividad. Esta ayuda de hasta 200.000 euros por entidad se concede para poder hacer frente a los costes fijos de dichas entidades.