El Monasterio de Loriana se desmorona: "Una vergüenza para Mérida y Extremadura"

El Monasterio de San Isidro de Loriana, situado en el término municipal de Mérida y muy próximo a La Roca de la Sierra, vuelve a reclamar atención. Y no precisamente por su significativa historia, sino por su estado, cada vez más crítico pese a estar protegido como Bien de Interés Cultural desde 2014.

Este enclave franciscano, levantado en el siglo XVI sobre una antigua ermita posiblemente visigoda, fue inaugurado en 1551 por Fray Alonso de Manzanote, estrecho colaborador de San Pedro de Alcántara. Durante tres siglos fue un foco de actividad espiritual y económica, hasta que las guerras con Portugal, la de Sucesión y, finalmente, la desamortización de Mendizábal precipitaron su abandono y su paso a manos privadas.

El edificio respondía al estilo franciscano más puro: austero, funcional y sin excesos. Contaba con un pequeño claustro de granito, capilla, sacristía, refectorio y diversas dependencias. Desde fuera destacaban sus contrafuertes y una torre independiente de aspecto fortificado. Hoy, sin embargo, el paisaje es otro: muros maestros aún en pie, pero sin cubiertas, sin bóvedas y con décadas de deterioro acumulado. En los últimos años, incluso, se utilizó como cuadra. Pero lo más doloroso es que el peligro de ruina total avanza mientras los mecanismos legales para evitarlo siguen sin activarse.

Tal y como indican desde el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX), el monasterio está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan Especial de Protección de Mérida. En ella se refleja desde 2020 que es posible la recuperación de los espacios principales como el atrio y la iglesia, y que era precisa una intervención urgente. El propio documento señala que es posible recuperar espacios clave como el atrio o la iglesia y permite obras de conservación, mantenimiento, restauración o reconstrucción, además de fijar un entorno protegido de 200 metros.

A esto se suma lo que establece la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Su artículo 23 es claro: la Junta puede exigir a los propietarios que conserven el bien, imponerles multas coercitivas si no cumplen e incluso actuar de forma subsidiaria o llegar a la expropiación en casos extremos.

Y aquí llega la clave del asunto. Porque si la propiedad actual del monasterio, sea por falta de medios o por simple imposibilidad material, no acomete las obras necesarias, la responsabilidad recae directamente sobre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida.

Así lo recuerda FONDENEX, que admite comprender que muchos propietarios no puedan asumir restauraciones de este calibre, y defiende que el artículo 23 debería aplicarse solo en situaciones de mala fe y desidia. Lo que sí exige es que las administraciones habiliten ayudas para evitar que un edificio esencial en la historia de la comarca se pierda para siempre.

Porque, más allá de la normativa, hay algo evidente: cada arco que cae y cada piedra que cede forman parte de un patrimonio que no volverá. Y mientras la burocracia se lo piensa, Loriana sigue desmoronándose en silencio, pero todavía a tiempo de ser salvada.