Podemos exige a la Junta que se posicione “en contra” del TTIP

Podemos Extremadura ha exigido a la Junta de Extremadura que se posicione “claramente en contra” del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La diputada de Podemos Irene de Miguel, ha estado presente en las jornadas organizadas por CCOO, en las que ha expuesto que este acuerdo “se está negociando a espaldas de la ciudadanía” y representa “un peligro” para la democracia y para “la protección de los derechos laborales, medioambientes y de salud”, “anteponiendo el interés comercial de determinadas compañías, al interés general”.

Así, Podemos Extremadura recuerda que el PSOE de Extremadura “llevó en su programa electoral su apoyo para lograr un acuerdo trasatlántico de inversiones y comercios con Estados Unidos”, obviando las repercusiones que podría tener para la ciudadanía y la agricultura extremeña”.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Por todo ello, Podemos lanzará una propuesta de impulso en el próximo pleno que se celebrará el jueves 24 de septiembre, con la que exigirán que se encargue un “estudio independiente” que evalúe los costes e implicaciones concretas de este acuerdo para la población extremeña y sus sectores productivos.

Para Podemos Extremadura, los cambios legislativos que se puedan derivar de estos acuerdos podrían “tener implicaciones importantes sobre las competencias autonómicas”. Por eso, con esta petición, la Asamblea de Extremadura debatirá, a instancia de Podemos, las repercusiones reales del TTIP en la región.

Según ha detallado la formación, uno de los objetivos básicos del TTIP es “la liberación total” de los servicios públicos, lo que “pone en peligro” todos los servicios y contrataciones públicas, “en todos los ámbitos administrativos”, así como “la capacidad y el margen de maniobra real de los representantes públicos democráticamente elegidos para administrar las entidades y desarrollar las políticas locales de acuerdo al interés general”

El Grupo Parlamentario solicita además al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno central la “suspensión” de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, y al de Hacienda que “se mantengan el carácter público de llamados servicios sociales útiles”.