Polémica en la Junta: sindicato SIP denuncia desigualdad entre empleados públicos extremeños

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura información detallada sobre las funciones asignadas a los empleados públicos de la Administración autonómica, al considerar que existe una falta de transparencia y posibles desigualdades entre trabajadores. 

La petición, dirigida a la Dirección General de Función Pública, reclama aclaraciones sobre los criterios utilizados para determinar las funciones de cada puesto de trabajo y sobre las diferencias entre empleados que cuentan con esas tareas definidas por escrito y otros que, según denuncia el sindicato, no tienen acceso a esa información de manera oficial. 

Desde el SIP consideran especialmente preocupante que algunos trabajadores reciban respuestas formales cuando solicitan conocer sus funciones, mientras que a otros se les niegue esa posibilidad. El sindicato sostiene que esta situación genera inseguridad laboral. 

Según explican desde la organización sindical, esta falta de concreción puede provocar que determinados empleados asuman tareas que no corresponden realmente a su puesto, algo que, aseguran, afecta tanto a la organización interna como a las condiciones laborales de los trabajadores. 

Entre otros aspectos, señalan que la indefinición de funciones dificulta una correcta evaluación de riesgos laborales, incrementa la presión psicológica y provoca desequilibrios entre el trabajo realizado y la retribución percibida. 

Con esta solicitud de información, el sindicato pretende conocer en detalle cómo se están definiendo actualmente las funciones en cada Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y si existe una correspondencia real entre los puestos y las tareas desempeñadas. 

Desde el SIP aseguran que permanecerán pendientes de la respuesta de la Junta y advierten de que, en caso de no obtener contestación, estudiarán nuevas acciones legales para reclamar esa información. 

El sindicato también ha animado a los empleados públicos a comunicar cualquier situación relacionada con cambios de funciones o asignaciones de tareas que consideren irregulares, con el objetivo de recopilar información sobre posibles casos de desigualdad dentro de la Administración autonómica.