Alertan que la nueva protección ambiental en Extremadura "dará manga ancha para destruir"

La Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Agricultura, ha puesto en marcha la modificación de la Ley 16/2015 de protección ambiental "modificando anexos de la misma, lo que la convertiría en una ley prácticamente nueva", según señalan desde el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX).

La asociación afirma haber accedido al proyecto de decreto y presentar alegaciones "tendentes a dificultar que los nuevos anexos faciliten el desarrollo de proyectos que atenten contra el patrimonio natural de Extremadura". Independientemente de estas alegaciones puntuales realizadas, reflexionan sobre algunos aspectos generales "que consideramos básicos".

En primer lugar, exponen que "los estudios de impacto ambiental se instituyeron, primero a nivel de la Unión Europea, después en el Reino de España y finalmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, precisamente para saber si un determinado proyecto era compatible con las condiciones y estabilidad de un ecosistema en concreto". En dicho estudio se analizaban alternativas e impactos, así como medidas correctoras. "Pero tenía la condición de averiguar si el proyecto podría tener un efecto negativo e irreversible sobre la flora y vegetación, la fauna, el medio físico o el paisaje, antes de autorizarlo".

Sin embargo, señalan que ahora "la Junta de Extremadura considera que hay determinados proyectos deben ser eximidos de evaluación ambiental alegando un nulo potencial de afección ambiental". Pero, desde FONDENEX se preguntan "¿cómo puede saber la Administración si un proyecto afecta a un paraje y su biocenosis si no se hace una evaluación de impacto ambiental previa? ¿Tienen un 'detector' que calcula el impacto ambiental de un proyecto?".

Las legislaciones sobre protección ambiental y evaluaciones de impactos sobre los ecosistemas naturales tienen como fin proteger un patrimonio que es de todos "y cuando decimos todos, nos referimos también a las generaciones venideras". Por tanto, tal y como destacan desde FONDENEX, "la finalidad de estas leyes no es, como afirma la Junta, aliviar la carga administrativa de los promotores". En cambio, "su fin es hacer compatibles desarrollo y conservación para que de esta forma Extremadura tenga un futuro basado en un medio ambiente digno para los extremeños".

Por otro lado, explican que "lo que a nivel legal está muy claro, y es indiscutible, es que la Ley 16/2015 y el anunciado modificado de sus anexos, no puede estar por debajo de normativas superiores, como la ley estatal y la directiva comunitaria". Es decir, "sería totalmente ilegal que la legislación extremeña disminuyera el nivel de protección de nuestro medio ambiente", y añaden que, si así fuera, FONDENEX asegura que lo denunciará ante las instancias competentes "incluida la Comisión Europea e incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"El actual gobierno de Extremadura es un peligro para el patrimonio natural de nuestra región, manifestando desde su constitución su falta de sensibilidad hacia la conservación de la Naturaleza, dividiendo en dos consejerías las competencias ambientales y empeñándose en reducir las superficies de ZEPAs y LIC", expresan desde la asociación conservacionista, recriminando que el gobierno de Guardiola "tiene en casi total abandono nuestros parques y reservas naturales, intenta autorizar la caza de algunas especies protegidas, y no duda en dar vía libre, después de 50 años, a plantaciones de eucaliptos".

Por último, critican que "en el borrador de decreto que se elaboró hay actividades cuyo inicio se permite simplemente con la realización de una 'comunicación ambiental'". En este sentido, FONDENEX considera que "lo que quiere la Consejería es facilitar proyectos que con una correcta evaluación de impacto ambiental no serían autorizados, que le importa muy poco el patrimonio natural de Extremadura, que recordemos es una de sus principales fuentes de ingresos a través del turismo y la caza".

A modo de conclusión, creen que esta medida no tiene otro objetivo que el de "proporcionar a grandes empresas, promotores, etc. un arma para saltar por encima de la legislación ambiental vigente y darles manga ancha para destruir".