Declaran improcedente el despido de una trabajadora de la Junta tras estabilizar su plaza

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha declarado improcedente el despido de una trabajadora indefinida no fija de la Junta de Extremadura que había obtenido plaza en el proceso de estabilización. La resolución reconoce a la empleada el derecho a optar entre la readmisión con abono de salarios de tramitación o el cobro de una indemnización de 43.961,96 euros.

Según ha informado el sindicato USO, se trata de la primera sentencia en Extremadura que declara improcedente el cese de una persona trabajadora que, tras superar un proceso de estabilización, consolidó su plaza en la propia Administración autonómica.

La Administración regional entendía que la cobertura reglamentaria de una plaza de régimen funcionarial justificaba la extinción de la relación laboral. Sin embargo, el juzgado rechaza esta interpretación y recuerda que la cobertura de una plaza funcionarial no equivale automáticamente a la amortización de una plaza laboral ni constituye causa válida de despido conforme al Estatuto de los Trabajadores.

En consecuencia, la sentencia condena a la Junta de Extremadura a abonar una indemnización de 43.961,96 euros, en caso de que no opte por la readmisión. No obstante, la resolución no es firme y cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Desde USO valoran este pronunciamiento como "un antes y un después" en la defensa del personal laboral de la Junta y subrayan que la resolución envía "un mensaje claro de seguridad y protección" para quienes han sostenido durante años los servicios públicos. El sindicato destaca que la trabajadora había superado el proceso selectivo y consolidado su plaza antes de que se extinguiera su vínculo laboral.

Asimismo, la organización sindical considera que la sentencia "devuelve equilibrio y justicia" a una situación que, a su juicio, no podía resolverse mediante un trámite administrativo. USO ha señalado que continuará defendiendo los derechos laborales tanto en el ámbito público como privado y que esta resolución supone un nuevo respaldo a la labor de su asesoría jurídica en la región.