El SIP sobre la agresión en el Marcelo Nessi: “Sigue siendo una trampa para los trabajadores”

Un vigilante de seguridad del centro de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz terminó el pasado viernes, 17 de julio, en el hospital tras sufrir una agresión, en el último episodio de una situación que el Sindicato Independiente Progresista (SIP) lleva alertando desde enero de 2024 sin obtener respuesta suficiente por parte de la Junta de Extremadura.

El sindicato recuerda que trasladó la gravedad de la situación en los centros de menores a la Dirección General de Función Pública en enero de 2024, envió una carta a la entonces secretaria general de Servicios Sociales en abril de ese mismo año y puso el problema sobre la mesa del entonces consejero de Presidencia, Abel Bautista, en mayo de 2024. En todos los casos, las respuestas fueron tardías, evasivas o insuficientes. La carta de abril tardó más de dos meses en recibir contestación, y esta se limitó a señalar que las demandas del personal "se habían ido atendiendo", algo que el SIP califica de "absolutamente falso".

Menos de un año después de aquellas advertencias, el 9 de marzo de 2025, fue asesinada la trabajadora María Belén Cortés Flor en un piso de menores tutelados en Badajoz. Desde entonces, el SIP ha participado en el Grupo de Acción Social y Sindical, que ha elaborado una amplia batería de propuestas (mesa técnica de trabajo, cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales, dotación suficiente de personal, mejora tecnológica y canales con Fiscalía, entre otras) que en su mayoría han sido ignoradas por la Administración. El sindicato entregó además a Fiscalía, en noviembre de 2025, toda la información disponible para que se investigue la posible responsabilidad de la Junta en el asesinato de Cortés Flor.

"¿Qué más tiene que suceder, después de ser asesinada una trabajadora hace año y medio, y de continuar las agresiones constantes?", se pregunta el SIP, que exige a los responsables políticos que actúen "con urgencia y diligencia" ante lo que describe como una crisis estructural en la gestión de los centros de menores de Extremadura.