SIP: "Casi el 100 % de la atención a la dependencia ya está externalizada en Extremadura"

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha criticado la decisión de externalizar numerosas terapias de habilitación funcional del Centro de Atención a la Dependencia de Extremadura (CADEX) de Cáceres, anunciada a finales del pasado mes de mayo, al considerar que supone un nuevo paso en la privatización de la sanidad y los servicios sociales en la comunidad autónoma.

El sindicato sostiene que el debate político generado en torno a esta medida "es lo de menos", ya que, a su juicio, "la privatización de la sanidad extremeña viene de largo y no es producto solo de un gobierno ni de un partido".

En este sentido, el SIP asegura que "lo relevante no es el choque entre partidos, sino que esta decisión, sustentada sobre excusas falaces, contribuye a consolidar la idea de una región incapaz de sostener su Estado de bienestar, y la clara decisión de María Guardiola de impulsar la privatización de la sanidad extremeña".

El sindicato recuerda que viene denunciando desde hace meses el deterioro del Estado del bienestar en Extremadura, especialmente en los ámbitos de la sanidad y los servicios sociales. Así, señala que el pasado 23 de enero ya anunció que prestaría especial atención a la situación del SEPAD, organismo que considera "uno de los centros directivos que peor funciona en la Junta de Extremadura".

Asimismo, afirma que el 16 de abril advirtió de los problemas de personal que afectan al organismo, los cuales, según indica, "se tratan como coyunturales a pesar de ser estructurales y gravemente preocupantes". También recuerda los comunicados publicados el 26 de abril sobre la privatización de la sanidad y las movilizaciones de trabajadores celebradas los días 1 y 20 de mayo.

Para el SIP, la derivación de nuevas especialidades a entidades externas en el ámbito del CADEX "simplemente refuerza esta idea, y deja claro que no nos equivocamos". Además, sostiene que "a día de hoy prácticamente la totalidad de la gestión de la discapacidad en Extremadura ya no es plenamente pública, sino que se encuentra externalizada", por lo que cuestiona que se esté cumpliendo íntegramente el Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX).

El sindicato añade que las 6.347 familias extremeñas afectadas por este modelo de atención "es lógico que estén preocupadas", pese a que, según recuerda, la consejera haya asegurado que "no se vaya a paralizar ningún servicio".

Por último, el SIP considera que "una de las estrategias más usadas para privatizar es desviar el foco a cuestiones que nada tienen que ver, como, en este caso, la continuidad de los servicios". En este sentido, subraya que "no se trata de si los servicios siguen o no, que por supuesto deben seguir, sino de quién los gestiona y con qué garantías".