UpE pide una reforma fiscal para que los que más tienen "esta vez sí" paguen su parte

Unidas Por Extremadura ha instado al gobierno de Vara a que, ante el nuevo escenario provocado por la crisis de la Covid-19, que obliga a abandonar cualquier previsión económica y rehacer los presupuestos de este año, blinde los servicios públicos básicos. Es una de las exigencias realizadas este martes por el diputado Joaquín Macías en el pleno de la Asamblea, donde ha pedido a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, “que haya inversiones suficientes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales”.

Macías además ha solicitado al gobierno regional que las modificaciones presupuestarias que deben realizar destinen “la inversión pública necesaria para garantizar la protección social para las familias trabajadoras, para los desempleados, autónomos, PYMES y cooperativas”. “Para no dejar a nadie atrás”, ha afirmado.

Para ello, el diputado de Unidas Por Extremadura plantea que se produzca una reforma fiscal “justa, equitativa y progresiva” para que los que más tienen “esta vez sí que contribuyan pagando su parte”, ya que, según Macías, “en la anterior crisis la ciudadanía rescató a la élite económica, y esta vez no pueden irse sin pagar”.

Por último, ha exigido que el gobierno de Vara que los cuidados se conviertan en el eje central de las políticas públicas. “Esta crisis ha puesto en evidencia cuestiones centrales como la interdependencia y las necesidades de cuidados que tenemos todas las personas para garantizar vidas dignas, pero también para que funcione la sociedad”, ha dicho. Por ello, solicita que se refuerce un sistema de cuidados “como fórmula de garantía de derechos, pero también como respuesta colectiva al reparto de una tarea social imprescindible que siempre ha recaído de manera invisible sobre las mujeres”.

Macías ha insistido en su intervención que la respuesta a esta nueva crisis no debe ser la misma que se otorgó en 2008, cuando la austeridad europea obligó a “reducir la inversión en los servicios públicos durante más de una década, empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, bajar los sueldos o congelar las pensiones y, mientras esto pasaba, la banca recibía millones de euros”. “Esto no puede volver a suceder”, ha aseverado.