El cierre de Vivanta alarma al Colegio de Dentistas de Extremadura: piden proteger a los pacientes

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura ha expresado su profunda preocupación ante el cierre de la clínica Vivanta en Cáceres y la suspensión de actividad de la cadena, reclamando que la prioridad absoluta sea garantizar la continuidad de los tratamientos, el acceso de los pacientes a sus historias clínicas y la protección de las cantidades abonadas por servicios aún no prestados.

La institución se pone a disposición de los afectados y les recomienda conservar presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago y cualquier documentación recibida de la clínica.

La presidenta del Colegio, María Paz Moro, ha subrayado que "detrás de cada tratamiento interrumpido hay una persona que confió su salud a un centro sanitario" y ha advertido de que los problemas económicos de una empresa no pueden convertirse en un problema sanitario para sus pacientes.

El cierre de Vivanta se suma a una serie de episodios similares en la odontología española en los últimos años, como los casos de iDental, Dentix o Vitaldent, que pusieron de manifiesto los riesgos que enfrentan pacientes y profesionales cuando una crisis empresarial afecta a centros con tratamientos de larga duración.

La situación adquiere una dimensión adicional por la existencia de financiación pública: en 2022, el Consejo de Ministros autorizó a Vivanta 40 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, mediante un préstamo participativo de 20,4 millones y uno ordinario de 19,6 millones, con la devolución aplazada hasta julio de 2028. "Si cuatro años después existen clínicas cerradas y pacientes preocupados por sus tratamientos, resulta legítimo exigir la máxima transparencia sobre el destino de esos recursos", ha señalado Moro.

El Colegio valora positivamente la posible oferta de adquisición de 61 clínicas de la red Aestes (mayoritariamente Vivanta) que contemplaría asumir los tratamientos de más de 30.000 pacientes y mantener 656 empleos, aunque advierte de que una solución puntual no elimina la necesidad de reformas estructurales que impidan que situaciones similares se repitan en el futuro.