Aumenta la presión al Gobierno para apoyar la pequeña producción agroalimentaria

El pasado 30 de marzo más de 150 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demandando medidas para que, dentro del estado de alarma actual, se proteja a la pequeña producción agroalimentaria y los canales cortos de comercialización.

Esta segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exige medidas concretas para la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala.

Las organizaciones denuncian los "costes inasumibles" a los que productoras y productores locales "tienen que hacer frente por el cierre generalizado de los mercados alimentarios. Esto se debe a la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19".

Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, "y lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados", expresan.

Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis.

"Los canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado". En concreto, las organizaciones citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que han hecho la Consejería de Medio Rural en Galicia y la Consejería de Agricultura en Cataluña.

Asimismo, "de cara a mitigar el enorme impacto económico que está provocando esta crisis en las economías agrarias y rurales, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero y el descenso de las exportaciones, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones. Deben apostar por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; y se deben impulsar medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas".

Todas las organizaciones que trabajan a favor de una alimentación sana y sostenible se encuentran unidas en esta emergencia, donde la pequeña producción agraria y ganadera está en la vanguardia.