Baja la piratería gracias a las plataformas en streaming

La piratería ha caído un 12% desde el año 2015, un gran dato para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se repite cada año el 26 de abril.

En tres años los índices de piratería en España han caído, según datos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2018. Los dos sectores en los que se ha registrado un descenso más acusado de la piratería en el último año han sido las series y las películas, con bajadas de 13 y 12 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el año 2017.

El desembarco a partir de 2015 de plataformas como Netflix, Amazon o HBO y la consolidación de modelos de suscripción a precios asequibles explican, entre otras razones, este descenso de la piratería.

Según los datos del Observatorio, durante el año 2018 ser registraron 4.348 millones de accesos ilegales a contenidos culturales, lo que significa que cada día se realizaron, de promedio, casi 12 millones de descargas ilegales, es decir, 8.272 descargas por minuto.

En el último año, la caída de la piratería se ha situado en el 3%, si bien la reducción desde el año 2015 ha sido del 12%. Raquel Xalabarder, catedrática de Propiedad Intelectual y profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, recuerda que la gente al principio pirateaba porque no tenía manera de conseguir contenidos legales y lícitos, y que se ha tardado mucho en conseguir que los titulares de los derechos licenciaran las plataformas tecnológicas.

Actualmente, de acuerdo con los últimos datos del Observatorio, los sectores con más consumidores piratas son las películas (32%), las series (29%) y la música (31%). Sin embargo, la estadística demuestra que algo está cambiando para bien respecto al consumo de estos contenidos.

En el caso de las series, el estudio demuestra que aumentan los consumidores que acceden a las series de forma legal. En 2018 lo hizo el 61%, 13 puntos porcentuales más que en 2017, cuando lo hizo el 48%. En el caso de las películas, se ha pasado del 49% de hace un año al 61% de este año.

Los datos del segundo trimestre de 2018 de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia constatan que actualmente 1 de cada 3 hogares conectados a internet utiliza plataformas de pago para ver archivos multimedia en línea.

Las cifras del Observatorio dicen que en torno al 45% de los consumidores piratas estarían dispuesto a pagar para evitar la publicidad. La cifra es muy alta en los partidos de fútbol, la música y las series, sectores en los que más del 78% estaría dispuesto a pagar. Asimismo, 6 de cada 10 consumidores utilizan los buscadores para acceder a estos contenidos ilegales y Google es el mayoritario, puesto que el 94% opta por este portal.

El estudio del Observatorio también revela un dato preocupante, pues más del 50% de los consumidores que acceden a contenidos ilegales aseguran no saber distinguir entre las plataformas legales y las que no lo son.

NUEVA NORMATIVA PARA LOS DERECHOS DE AUTOR

El 15 de abril, el Consejo de la Unión Europea aprobó una directiva que da un paso más en la protección de los derechos de autor. A efectos prácticos, esta normativa hace recaer sobre las plataformas digitales toda la responsabilidad de los contenidos ilícitos y de las infracciones que cometan los usuarios.

Hasta el momento, los titulares de los derechos de autor eran los encargados de avisar a las plataformas de qué contenidos se infringían. Ahora, el titular tiene la opción de ofrecer una licencia de propiedad intelectual a la plataforma que infrinja los derechos de autor, y en caso de que no la quiera contratar, será la plataforma la responsable de la infracción que cometa el usuario.

Así, por ejemplo, si un usuario sube contenido en YouTube sin tener permiso para ello, la plataforma tendrá que bloquearlo, y si no lo hace, será responsable de un delito de infracción de la propiedad intelectual.

Sin embargo, la normativa no será de cumplimiento inmediato. Después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, los estados miembros tendrán 24 meses para trasponer la directiva a su legislación nacional.