COESPE: "Las pensiones son un motor económico y no una carga para el Estado"

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha defendido que las pensiones públicas no son un gasto insostenible, sino "uno de los principales motores de la economía española". Según los datos aportados por la organización "en 2025 las pensiones contributivas han inyectado 189.598 millones de euros en la economía real, cifra que asciende a 209.727 millones si se incluyen las pensiones de clases pasivas".

Desde COESPE subrayan que este volumen económico consolida a las pensiones como un "elemento clave de estabilidad y crecimiento, frente a los discursos que las presentan como una carga para las cuentas públicas". La coordinadora sostiene que "esta realidad se intenta ocultar porque contradice los intereses de los fondos privados de pensiones, la banca, las aseguradoras y los grandes grupos empresariales del IBEX 35, que buscan transformar un derecho social en un negocio financiero".

Retorno económico y consumo interno

Según los datos aportados "las personas pensionistas destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos básicos como alimentación, vivienda, suministros, cuidados y apoyo familiar". Este consumo, indican, "retorna al Estado a través de impuestos y cotizaciones".

COESPE cifra en torno al 40 % el retorno inmediato de las pensiones al sistema público: un 20 % a través del IRPF y otro 20 % mediante el IVA. A esto se suman los ingresos derivados del empleo generado por el consumo asociado. En términos globales, la organización calcula que por cada euro destinado a pensiones el Estado recupera al menos 42 céntimos.

Impacto en el empleo y efecto estabilizador

La coordinadora cita estudios académicos, como el realizado por Eladio Febrero y Fernando Bermejo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que apuntan que el consumo vinculado a las pensiones generó en 2021 más de 1,2 millones de empleos a tiempo completo, directos, indirectos e inducidos.

Además, entre 2009 y 2024, "las pensiones actuaron como estabilizador automático de la economía, evitando un incremento del desempleo estimado en un 5,5 %", señalan.

Por otro lado, COESPE destaca que el gasto de las personas pensionistas se concentra principalmente en el comercio de proximidad, pequeñas y medianas empresas y productores nacionales. A su juicio, este comportamiento "convierte a las pensiones públicas en un mecanismo de redistribución intergeneracional de la riqueza, fomentando el consumo productivo frente a la especulación financiera, y asegurando que la riqueza generada beneficie directamente a la sociedad y no solo a unos pocos".

ATAQUES AL MOVIMIENTO PENSIONISTA

COESPE ha denunciado un aumento de los ataques contra el movimiento pensionista, que ya no se limitan a campañas de desinformación. La coordinadora alerta de la aparición de perfiles y páginas falsas que suplantan su identidad para promocionar productos financieros, fondos privados de pensiones y criptomonedas, con el objetivo de captar a personas pensionistas para operaciones especulativas y desacreditar a las organizaciones que defienden el sistema público.

COESPE ha reiterado que no comercializa productos financieros ni promueve inversiones privadas y que su labor se centra exclusivamente en la defensa del sistema público de pensiones.

En su comunicado, la organización también ha criticado el aumento del gasto militar y ha advertido de que destinar un 5 % del PIB a defensa, como plantean la OTAN y Estados Unidos, supondría unos 80.000 millones de euros anuales, casi una cuarta parte de los Presupuestos Generales del Estado.

Según sus cálculos, asumir este gasto implicaría recortes de hasta el 40 % en pensiones, una medida que consideran socialmente insostenible. Además, han denunciado la presencia de filiales de grandes empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales y han reclamado una mayor lucha contra el fraude fiscal.

Por último, COESPE ha recordado que más del 90 % de la población apoya el blindaje constitucional de las pensiones públicas, que consideran clave para garantizar una vejez digna, sostener el consumo interno y reforzar la cohesión social.

Desde la organización insisten en que las pensiones públicas son salario diferido, un derecho social consolidado y una inversión económica, y consideran que las prioridades de ajuste deben centrarse en el fraude fiscal, los privilegios corporativos y el gasto militar.