Un año de prisión por disparar a cuatro aves en peligro de extinción en Extremadura

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado la sentencia que en septiembre impuso el Juzgado de lo Penal nº 2 a un hombre por la muerte de cuatro ibis eremita (Geronticus eremita), una especie catalogada como 'En Peligro de Extinción'. El fallo dicta un año de prisión, la inhabilitación especial para cazar y pescar durante 35 meses y una indemnización de 20.000 euros a favor de la Junta de Andalucía.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019. Los cuatro ejemplares, nacidos dentro del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, se desplazaron desde el único núcleo reproductor de la especie en España, ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz), hasta Montemolín (Badajoz), donde fueron abatidos mediante disparos con carabina de aire comprimido. Se trata de una especie que cuenta en la actualidad con unos 700 individuos en libertad en todo el mundo.

Bajo este contexto, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado y ha subrayado la gravedad de la conducta, destacando que no se trata de una infracción administrativa, sino de la eliminación de cuatro ejemplares de una especie extremadamente escasa. La autoría se considera acreditada mediante un conjunto de pruebas periciales, documentales y testificales. Además, la sentencia recuerda que el artículo 334 del Código Penal protege a las especies amenazadas frente a ataques dolosos.

SEO/BirdLife, que participó como acusación popular, ha valorado de manera positiva la decisión. La organización ha señalado que la pérdida de cuatro individuos representa un impacto importante para la conservación de la especie en España y refuerza la aplicación de la legislación penal para proteger la fauna silvestre.

El caso evidencia la necesidad de intensificar la vigilancia y la concienciación social para prevenir delitos contra especies vulnerables. En este sentido, SEO/BirdLife ha anunciado que seguirá trabajando para que las medidas legales se traduzcan en una conservación efectiva sobre el terreno.