Este martes se aprueba la reforma de la ley del aborto: sin consentimiento desde los 16 años

El Consejo de ministros aprueba este martes la nueva ley del aborto. Entre las novedades que incluye están las bajas laborales por menstruaciones dolorosas e incapacitantes. Las bajas serán asumidas por completo por la Seguridad Social y no por las empresas, para paliar así con la "discriminación" laboral que se temía que pudiera suponer para las mujeres el reconocimiento de esta baja concreta.

La menstruación dolorosa (dismenorrea) afectaba en 2017 a 14 de cada mil mujeres en España, según datos de Statista. Pero en realidad, hasta ahora una mujer con este dolor incapacitante ha podido ir al médico a pedir la baja.

Entre los cambios que sí introduce la norma, que este martes se enfrenta al primer paso de un trámite que se alargará en el tiempo, se encuentra la eliminación de dos de los requisitos para abortar que rigen actualmente: por un lado, la entrega de un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y cuyo contenido dirige en algunas comunidades incluso a asociaciones antiabortistas. Y por otro, el plazo de reflexión de tres días obligatorio para la mujer desde la recepción de esta información.

Sin consentimiento desde los 16

El texto prevé también devolver el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno siete años después de que el PP de Mariano Rajoy lo eliminara. Fue la primera reforma que se hizo a la ley, en 2015, y tras el intento del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de restringir el derecho más allá de lo que en su día contempló la ley de 1985. Los populares se encontraron con una fuerte oposición social que le hizo dar marcha atrás, pero sí introdujo el cambio de las menores.

Eso a pesar de las advertencias de asociaciones y expertas, que alertaron de que supondría un callejón sin salida para las más vulnerables. De hecho, el aborto sin consentimiento llevaba cinco años funcionando sin problema y los datos disponibles avalaban que el 90% de las chicas abortaban acompañadas de sus padres. La previsión de hacerlo sin permiso, que eliminó el PP, estaba pensada para excepciones: casos de violencia o abuso sexual dentro de la familia, situaciones de desamparo o jóvenes a las que sus padres obligan a continuar con el embarazo a riesgo de sufrir un peligro o conflicto grave en casa si no lo hacen.