El spam telefónico se dispara pese a las leyes que prometían acabar con él

Aunque España reforzó en 2023 la Ley General de Telecomunicaciones para prohibir las llamadas comerciales sin consentimiento previo y aprobó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para frenar abusos y ventas encubiertas, el spam telefónico continúa siendo una de las mayores molestias para los consumidores.

Un estudio reciente confirma el fracaso del sistema: el 63,8% de los encuestados ha recibido llamadas comerciales en los últimos 15 días, y un 66% asegura que recibe más llamadas que hace seis meses. Lejos de desaparecer, el acoso telefónico se ha intensificado.

La mayoría de estas llamadas llegan al móvil (73,8%), lo que incrementa la sensación de invasión en la vida personal. Pero el dato más preocupante es que el 70,2% de las llamadas procede del extranjero, lo que permite a las empresas eludir la legislación española mediante call centers ubicados fuera de la UE y el uso de Caller ID Spoofing, una técnica que simula números españoles.

Además, el auge de los robocalls automatizados permite realizar millones de llamadas por hora a coste casi cero, alimentando redes de datos ilegales que revenden los números activos. Denunciar resulta complejo y frustrante, lo que contribuye a una sensación de impunidad.

Expertos y consumidores coinciden: la ley existe, pero carece de mecanismos eficaces de control y sanción, especialmente frente a fraudes internacionales.