IU-Mérida se opone al traslado del personal ubicado en los edificios del III Milenio

Izquierda Unida-Mérida se muestra contraria al plan de la Junta de Extremadura para trasladar de nuevo parte del personal ubicado en las instalaciones del III Milenio a otras situadas en el centro de la ciudad.

Según el portavoz de IU Mérida, la decisión de la Junta de Extremadura “contradice” los motivos que en su día empujaron a la construcción del III Milenio, es decir, “la reducción de costes, facilitar la coordinación administrativa, la mejora de la atención y servicio al ciudadano y la necesidad de potenciar la actividad económica y social de la barriada de San Lázaro”.

“Los motivos aducidos por el gobierno regional son precisamente los que nos empujan a mostrarnos en contra de esta decisión, ya que si alguna zona necesita de factores de multipliquen su actividad económica, esa es precisamente la barriada de San Lázaro”, ha explicado Álvaro Vázquez mediante nota de prensa.

El cambio de ubicación de parte de las dependencias administrativas se produce, según Vázquez, “en perjuicio de las condiciones laborales de los trabajadores, ya que en ningún caso las nuevas ubicaciones reunirán las características de espacio, accesibilidad y medios que en estos momentos reúnen las instalaciones del III Milenio”.

Así, IU Mérida asegura que algunas de las futuras ubicaciones planteadas por la Junta de Extremadura “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”, al sufrir problemas de “falta de luminosidad o acumulación de amianto”.

“El cambio de criterio realizado por la Junta de Extremadura viene a potenciar un modelo de ciudad en el que gran parte de la oferta de bienes y servicios se concentra y centraliza en un área única, en este caso, la zona centro, con los consiguientes problemas que genera en términos de tráfico, aparcamiento y deterioro de la actividad económica de las barriadas”, ha manifestado el líder de esta formación.

Asimismo, Álvaro Vázquez ha querido señalar que “carece de sentido” que se menoscabe la utilización de unas dependencias administrativas que supusieron una inversión de al menos 80 millones de euros, y en la que “todavía permanece sin utilizar amplios espacios”, y todo esto cuando “apenas han transcurrido unos pocos años desde su puesta en funcionamiento”.

Por todo ello, ha concluido añadiendo que la decisión además de “errónea”, supone un “desprecio” a las necesidades de los trabajadores, y de los vecinos de las barriadas de San Lázaro, el entorno de las sindicales, o Juan Canet, además de “mostrar el carácter errático e improvisado” de la decisiones  del  gobierno regional a la hora de adoptar de decisiones que afectan al desarrollo la ciudad.