Junta lleva ante la Fiscalía un presunto fraude en cursos de formación

La consejera de Empleo, Empresa e Innovación, María Ángeles Muñoz, ha anunciado que el Gobierno de Extremadura ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX), CCOO, UGT y la Conferencia Empresarial de la Economía Social (CEPES) que podría alcanzar "solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros".

Muñoz ha explicado que la investigación que ha realizado la Junta autonómica comenzó el pasado julio de 2014 y finalizó el 6 de marzo y ha subrayado que el Consejo de Gobierno aprobó el martes esta decisión que se ha hecho hoy pública, al tiempo que ha añadido que este caso es distinto porque no se trata de cursos de formación de desempleados, sino de ocupados.

Según la titular de Empleo tras la investigación el Ejecutivo regional dispone de "indicios suficientes" que podrían determinar que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular" en la gestión de la formación de ocupados cuyos afectados son la CREEX, UGT, CCO y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores.

Ha aseverado que se trataría de un posible delito contra la Hacienda Pública "por fraude" en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas y ha informado de que la investigación se ha dirigido a la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada el martes y se ha presentado también en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Muñoz ha apunado que por el momento solo se ha investigado la convocatoria de 2011 pero ya se han iniciado los pasos para analizar los años anteriores no prescritos como consecuencia de esta investigación.

¿Por qué investigar?

La responsable de Empleo ha detallado que desde 2007 existe una Fundación Tripartita para la Formación en el empleo, órgano compuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta entidad mediante convenios con las regiones es la encargada de favorecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de cursos y de valorar la justificación de los mismos, así como de realizar las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones.

La consejera ha manifestado que al llevar al Gobierno el PP decidió en 2012 gestionar y fiscalizar con medios propios estas ayudas y ha subrayado que fue el sistema de la Fundación Tripartita el que se empleó para la convocatoria de 2010, a la vez que ha asegurado que en junio de 2011 se produjo una adenda al convenio, cuando "todavía no había tomado posesión" el presidente regional, José Antonio Monago.

Ha expresado que dentro de este sistema se "echaba de menos" un control "riguroso" para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado y ha apostillado que fue ahí donde se detectaron "irregularidades y un presunto fraude a gran escala".

Análisis del 10% de cursos

Según Muñoz en junio de 2014 llega la propuesta inicial de subsanación de deficiencias de la Fundación Tripartita relativa a los cursos de formación de ocupados de 2011. La Junta considera la "justificación incompleta" y por ello en julio de 2014 desde la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) se informa a la patronal y a los sindicatos de que iniciarían una investigación sobre la justificación de los cursos.

Ha asegurado que se les comunicó entonces que investigarían solo una muestra de la formación y se realizó un análisis del 10 por ciento de los cursos. Además, según Muñoz, se les indicó cómo debían justificar los gastos de la convocatoria de 2011.

La consejera ha afirmado que para que la investigación fuese lo "más objetiva posible" se encargó una auditoría externa a la empresa Gabinete Extremeño de Auditoria S.L, quien en septiembre de 2014 examina los expedientes y en octubre solicita al SEXPE más documentación.

En diciembre de 2014 la empresa remite un informe provisional que en enero se envía a todas las entidades beneficiarias para que realicen las alegaciones que estimen necesarias. Hace dos semanas, según Muñoz, llegó el informe definitivo, el presentado hoy y remitido ante la Fiscalía Provincial de Badajoz y la Fiscalía Anticorrupción.

Resultados

La titular de Empleo ha explicado que en 2011 la partida destinada por el Gobierno regional a la formación de ocupados fue de 7,8 millones de euros.

La partida más grande fue para la formación intersectorial, es decir, para patronal y sindicatos con un total de 6,8 millones de euros. De ellos, el 50 por ciento fue para la CREEX (3.137.000 euros) y el resto para los sindicatos UGT y CCOO con unos 1.830.000 euros cada uno. También se destinó otro bloque para CEPES, 700.000 euros.

María Ángeles Muñoz ha afirmado que la auditoria revela diferentes "irregularidades" como que los gastos facturados hayan sido "superiores" al coste real y, además, éste no se ajuste a las condiciones del mercado.

"Solo la muestra del 10 por ciento que hemos analizado, que supone 313.000 euros del total, la diferencia entre el coste real y el coste facturado es de 148.000 euros, el 47 por ciento más", ha aseverado la consejera, quien ha citado ejemplos como una factura presentada por valor de 69.000 euros cuyo coste real es de 9.600 euros.

Ha detallado que uno de los profesores "cobró" 7.600 euros por 500 horas de teleformación y ha aseverado que existen casos de cobro de 427,5 euros por hora, 630 euros por hora e incluso 820 euros por hora.

Cantidades estimadas

Muñoz ha manifestado que la cantidad "presuntamente defraudada" por estas organizaciones supera "ampliamente" los 120.000 euros y por tanto puede ser un posible delito contra la Hacienda Pública cometido por estas organizaciones y sus responsables.

De este modo, ha realizado una proyección, dado que solo se han analizado el 10 por ciento del total de cursos, y ha asegurado que en el caso de la CREEX de los 3,1 millones de euros que recibió como subvención en 2011 "hay indicios de fraude en torno a 1,5 millones de euros".

En lo relativo a UGT según la proyección de la Junta de los 1,8 millones recibidos "hay indicios de que haya defraudado entre 600.000 y 650.000 euros" , al igual que en el caso de CCOO, mientras que en el de CEPES de los 700.000 euros recibidos "podría darse en fraude en al menos 300.000 euros.

Próximos pasos

La consejera de Empleo ha avanzado que tras tener la auditoria se ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción el "presunto fraude" detectado para que sea la justicia la que determine las consecuencias penales para estas entidades y sus administradores.

Además, ha adelantado que la Junta va a reclamar que se devuelva la cantidad "defraudada" que podría alcanzar, ha dicho, más de 3 millones de euros.

Muñoz ha subrayado que también se pedirá a la Intervención General del Gobierno regional que examine todos los expedientes de años anteriores en los que podrían darse actuaciones similares y no hubieran prescrito para comprobar si ha tenido lugar la misma acción.

En cuanto a posibles responsabilidades políticas, Muñoz ha aclarado que serán los "extremeños quienes deben juzgar".

Imagen: Gobierno Extremadura