Liberadas 26 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal china
10 de Julio de 2026
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han liberado a 26 mujeres que, presuntamente, eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas. La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, ha desmantelado una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano a las que imponía un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y controlando en todo momento su actividad. Además, eran forzadas a realizar servicios a domicilio y sin protección, sin la posibilidad de rechazar clientes. La operación ha culminado con 16 personas detenidas, incluida la principal responsable del entramado que ha ingresado en prisión provisional. Asimismo, se ha procedido a la clausura de 11 prostíbulos.
La investigación se inició con la detección en Zaragoza de un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. A raíz de este hecho, las pesquisas policiales abiertas permitieron establecer la existencia de una organización criminal de origen chino asentada en varias provincias españolas que disponía de numerosos prostíbulos donde forzaban a mujeres de origen chino y latinoamericano a ejercer la prostitución.
Captadas como masajistas o estilistas
Las víctimas eran captadas mediante anuncios en redes sociales y a través de aplicaciones chinas de mensajería instantánea, donde la organización criminal ofertaba empleos como masajistas y estilistas en nuestro país. Las mujeres, en estado de necesidad económica y en ocasiones en situación irregular en España, aceptaban las propuestas laborales sin ser conocedoras de la verdadera naturaleza de la actividad que finalmente iban a desempeñar.
La red criminal alojaba a las víctimas en prostíbulos, donde las sometía a un régimen de esclavitud en el que debían ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en largas jornadas sin descanso y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente. Además, eran permanentemente vigiladas a través de cámaras de videovigilancia y obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente al entramado, recibiendo solo el 50% de los beneficios restantes una vez se consideraba que la deuda contraída inicialmente había sido saldada.
Documentación falsa
Para facilitar su entrada en España, las víctimas captadas en sus países de origen recibían documentación falsa proporcionada por la organización, y una vez aquí, les suministraban tarjetas de residencia y trabajo de mujeres en situación regular en el país con el fin de suplantar sus identidades en caso de inspecciones en los prostíbulos o identificaciones policiales.
Los explotadores gestionaban al menos 11 prostíbulos en las ciudades de Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, algunos de ellos gestionados conjuntamente con otros socios, y las víctimas eran rotadas de manera constante entre ellos para maximizar los beneficios.
Otra de las actividades desarrolladas por el entramado consistía en crear prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello alquilaban locales o pisos que gestionaban hasta consolidar una importante red de clientes, momento en el que traspasaban el negocio a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.
La investigación ha culminado con la liberación de 26 víctimas de explotación sexual, la detención de 16 personas y la clausura de 11 prostíbulos. En los registros realizados los agentes han incautado 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, diversas sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.
Además, la investigación permitió detectar un sistema estructurado de ocultación y dispersión de fondos destinado a integrar los beneficios obtenidos ilícitamente en el circuito económico legal. Como resultado de la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria por presunto delito de blanqueo de capitales, la autoridad judicial acordó el embargo de 5 inmuebles valorados en más de medio millón de euros, 2 vehículos y la intervención de 8 cuentas bancarias.
Con la trata no hay trato
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
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