Los funcionarios de prisiones denuncian las graves agresiones sufridas frente a Delegación

La Central Sindical Independiente y de funcionarios y ACAIP-UGT se han manifestado a las puertas de la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz en protesta por las agresiones graves sufridas recientemente por este colectivo.

Algunas de estas agresiones se han producido en los últimos días en la prisión de Badajoz, en concreto el pasado martes, según ha denunciado Alonso Torres, presidente del sector autonómico de Administración General del Estado (AGE) de CSIF Extremadura. En concreto, un interno, condenado por violencia de género, agredió física y verbalmente a varios trabajadores, produciéndoles lesiones en manos, arañazos, etc. además de lanzarle amenazas graves contra él y su familia. Ocurrió a la hora del almuerzo “y con total impunidad por la tarde ya estaba pasando el agresor por el patio”, denuncia Alonso Torres, quien ha subrayado que el funcionario de prisiones sufre así una doble agresión: la del interno y la de la administración que no hace nada por resolver estos incidentes.

Alonso Torres ha criticado que “el módulo de aislamiento de la prisión de Badajoz está vacío y hay contabilizados uno 500 internos, pero no se persiguen las agresiones dentro de la prisión y el mensaje que se está lanzando es que hay una absoluta impunidad, barra libre total”.

Otro ejemplo reciente que ha puesto en serio riesgo la integridad física, a nivel nacional, fue la ocurrida el pasado 1 de julio, cuando un interno del Centro Penitenciario Murcia II atacó a un trabajador con la tapa de una lata de conservas causándole un corte en el cuello.

Los datos de CSIF y de ACAIP-UGT muestran que todas estas agresiones no son incidentes aislados, ya que el pasado año se registraron una media de 456 incidentes regimentales graves o muy graves; mientras que este año se sitúa en 280 hasta el 31 de mayo (último dato disponible).

CSIF denuncia la falta de medios materiales y humanos (hay más del 58% de vacantes de médicos lo que dificulta la atención de enfermedades mentales cuando el 30% de internos padece alguna de estas patologías), y la falta de formación y la visión parcial de la realidad penitenciaria del Gobierno.

Por último, en la concentración ante la sede de la Delegación de Gobierno de Extremadura –como se ha producido también en toda España - se ha denunciado el parón que sufre la elaboración de la ley de Función Pública Penitenciaria, que incluirá mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos penitenciarios. CSIF exige además al Gobierno que habilite los medios y recursos suficientes para garantizar promoción y estabilidad laboral, prevención de riesgos laborales, un protocolo específico de actuación frente a agresiones, formación especializada y la implantación del teletrabajo.