Más de 400 colectivos se reúnen para una gran manifestación en Madrid por el mundo rural

Más de 400 colectivos de la España rural han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 5 de octubre bajo el lema “Salvemos el mundo rural agredido”. La protesta, impulsada por plataformas ciudadanas de todo el país, denuncia las políticas que -según afirman- están expulsando a la población del territorio rural mediante proyectos especulativos como macroinstalaciones de renovables, plantas de biogás, minas, macrogranjas o acaparamiento del agua, además de la falta crónica de servicios públicos e infraestructuras.

La convocatoria fue presentada por representantes de distintos colectivos, quienes coincidieron en la gravedad del momento actual y en la necesidad de una movilización unitaria.

Pepe Polo, de la Federación de asociaciones vecinales de la provincia de Teruel, advirtió que “estamos ante una de las más importantes agresiones que nuestros pueblos y el mundo rural hemos sufrido”. Recordó que, pese a más de 13 estudios institucionales sobre despoblación elaborados por el Congreso, Senado, la FEMP, el Defensor del Pueblo y la UE, “estas propuestas nunca se han traducido en acciones concretas ni fueron a la raíz del problema”. Polo señaló que ya el 31 de marzo de 2019, en la manifestación impulsada por la Revuelta de la España Vaciada, se denunció públicamente “60 años de agresión y de no atención a lo que sería la España vaciada, que no vacía”.

Lamentó que el actual contexto ha empeorado: “Se han agravado los casos de agresión generalizada al territorio, sobre el que recaen cientos de macroproyectos que vienen a destrozarlo”. Añadió que “se trata de un proceso cuyo final se desconoce y que solo la movilización social y vecinal podrá frenar”. Polo calificó la situación como un “mercadeo de lobbies y un modelo extractivista colonial que queremos revertir, porque su deriva es suicida y en 20 años nadie conocerá lo que hoy vemos”.

Rosa Pardo, de Aliente (Alianza Energía y Territorio), denunció el modelo actual de transición energética, al que calificó de “fallido y devastador”. Criticó que se otorgue la “utilidad pública” —con capacidad expropiatoria— a empresas con capitales sociales mínimos, lo que, según dijo, “facilita la especulación y elimina controles ambientales”. Alertó sobre los daños “irreparables” al medio ambiente, al paisaje y al suelo agrario provocados por macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas, promovidas —según indicó— por fondos de inversión extranjeros con fines financieros.

Pardo reclamó una transición energética “justa y sostenible”, y puso como ejemplo otros países donde se prioriza el uso de suelos degradados, vertederos o tejados para el autoconsumo. “Los gobernantes del Estado y las comunidades autónomas están vendiendo el país por cuatro perras”, advirtió. “No es un problema solo del medio rural: toda la sociedad tiene que ser consciente y pedir que esto pare”.

Jesús Cutillas, portavoz de la plataforma Abrazo al Agua, denunció la contaminación creciente de los recursos hídricos por vertidos de nitratos, fosfatos y pesticidas provenientes de la agroindustria y ganadería industrial. Indicó que las sanciones por contaminar “son ridículas” y no disuaden. Además, alertó sobre el acaparamiento de derechos de agua por parte de fondos de inversión, lo que -dijo- genera una “competencia desleal con los ecosistemas”, deseca manantiales y zonas húmedas, y amenaza directamente el abastecimiento humano.

Aurora Vilariño, de la Coordinadora Nacional Stop Biogás España, y Joao Teixeira, de Stop Biogás Machacón, denunciaron que las plantas de biogás y biometano se están instalando en zonas de alto valor ambiental sin respetar distancias mínimas a núcleos de población, y muchas de ellas están impulsadas por la “vía rápida”, que permite saltarse controles ambientales. Vilariño advirtió que estas instalaciones “se alimentan de residuos y cadáveres” para producir fertilizantes sin regulación, lo que deriva en contaminación de suelos. Ambos calificaron la economía circular que promueven estos proyectos como una “falacia”.

Sobre las macrogranjas, denunciaron los impactos negativos en salud, calidad de vida, medio ambiente y bienestar animal. También rechazaron el argumento de que el biogás resuelve el problema de los purines: “El nitrógeno se mantiene y sigue contaminando los suelos”.

Eugenio Campanario, en representación de las plataformas antiminas, explicó que el sector minero está siendo impulsado por políticas europeas centradas en la obtención de recursos estratégicos, algunos de ellos de uso militar. Denunció que muchas empresas obtienen beneficios millonarios simplemente con anunciar un proyecto, aunque este no llegue a ejecutarse. Aseguró que las minas suponen una “agresión directa al territorio”, con “contaminación de tierras y agua, creación de agujeros y escombreras, y destrucción de los modos de vida tradicionales”. Sobre las promesas de empleo, afirmó que “son una mentira”, ya que los puestos generados son escasos, temporales y altamente especializados, lo que impide el acceso de la población local.

Las plataformas también han reclamado inversiones en ferrocarril convencional, carreteras y servicios públicos esenciales. Denuncian que mientras la alta velocidad absorbe los recursos, los trenes que vertebran el territorio desaparecen. En materia sanitaria y de transporte, piden soluciones urgentes. Reivindican que, como llevan años señalando, “ser pocos no resta derechos”.

Concluyeron con un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse el próximo 5 de octubre en Madrid. Aseguran que no se trata solo de una protesta del medio rural, sino de una defensa del futuro del país ante lo que consideran una deriva institucional grave: “Están fallando”.