Ola ciudadana de corazones verdes

La campaña #PintoUnCorazónVerde viene a denunciar que la crisis sanitaria y social provocada por la enfermedad COVID-19 ha evidenciado que los recortes y privatizaciones de los servicios públicos experimentados en los últimos años, tienen consecuencias devastadoras.

España está por debajo de la media de la UE en gasto sanitario (-1,1 %), educativo (-0,7 %), de protección social (-1 %), o de vivienda (-0,1 %) y otros gastos necesarios, como los de la lucha contra la violencia machista o la pobreza infantil, siguen estando lejos de lo necesario para abordar estos problemas.

En el caso de la sanidad pública, entre 2010 y 2017 España perdió más de 12.000 camas de hospitales a pesar del aumento de la población. La falta de recursos en esta crisis no es casualidad, España ocupa el vigésimoquinto puesto de la UE en camas con 243 camas por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 372 camas por cada 100.000.

Recortes que también se notan en personal cualificado. Por ejemplo en personal de enfermería, dedicado a tareas esenciales como el cuidado de los pacientes, ocupamos el puesto 18 de los 23 países con datos de la UE.

La propia Comisión Europea advertía en su informe 'State of Health in the UE' que en España gran parte de los profesionales sanitarios tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal y con ello las dificultades.

No solo los recortes, también el proceso de privatización de la sanidad pública impacta en la falta de recursos, ya que los conciertos público-privados han derivado parte del gasto sanitario a beneficios empresariales.

Un ejemplo es la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde más ha impactado el virus y que a la vez ha sufrido más privatizaciones en los últimos años, como han denunciado repetidamente los profesionales. Según el Servicio Madrileño de Salud, de 2010 a 2018 la región perdió unos 3.300 profesionales, mientras que la población con derecho a la asistencia sanitaria creció en casi 500.000 personas en ese periodo.

La infradotación no sólo en hospitales, también de residencias de mayores, ayudas a la dependencia o la precariedad de los servicios sociales, han dificultado la actuación ante una emergencia ya no solo sanitaria, sino social y alimentaria.

Por eso desde la campaña denuncian que los profesionales han trabajado con una falta de seguridad absoluta. "La pandemia está siendo especialmente cruda en las residencias de mayores, un sector altamente privatizado (en torno al 85% son residencias privadas, algunas en manos de fondos de inversión) del las que se lleva años denunciando el mal estado de sus instalaciones y la situación del personal: escaso, saturado y mal remunerado. De hecho, la Fiscalía investiga a 38 residencias de España, 19 de ellas en Madrid, donde se ha producido la mayor mortandad (en torno al 70% de las muertes por COVID-19 de la región)", citan.

Para la plataforma ciudadana #PlanDeChoqueSocial, compuesta por más de 400 organizaciones y colectivos sociales, es el momento de apostar "por un futuro que cambie el presente, y por un futuro para nuestras vidas con dignidad para todas las personas".

Se trata, afirman, de poder afrontar esta pandemia y las futuras que puedan llegar, de la mejor de las maneras. También se trata "de no dejar a nadie atrás" en esta crisis social y económica que acaba de empezar.