¿Tienes patinete eléctrico? Descubre la nueva normativa para no ser sancionado a partir de enero

La nueva Ley 5/2025, aprobada el pasado 25 de julio, introduce en España la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para los vehículos personales ligeros, entre ellos los patinetes eléctricos. La medida entrará plenamente en vigor el 2 de enero, fecha desde la que ya será posible denunciar a quienes circulen sin la póliza correspondiente. 

Esta regulación, impulsada por el Gobierno de España y puesta en práctica por la Dirección General de Tráfico (DGT), establece además la inscripción de los vehículos en un registro oficial. Por tanto, para poder circular, deberán disponer de un certificado o etiqueta identificativa que acredite su legalidad, un requisito que pretende facilitar el control y mejorar la seguridad vial en entornos urbanos. 

A pesar de esta novedad, persiste el desconocimiento sobre si el reglamento incorporará sanciones adicionales relacionadas con el uso obligatorio del casco, la circulación por aceras u otras conductas habituales entre los usuarios de patinetes y VMP. No obstante, aunque estas medidas no están aún definidas, se recomienda extremar la prudencia y cumplir las normas actualmente vigentes mientras se clarifican los aspectos pendientes de la normativa.

Paralelamente, desde la Policía Local de Badajoz han confirmado que próximamente se pondrá en marcha una campaña informativa y de vigilancia sobre vehículos de movilidad personal, transporte escolar y furgonetas, entre otros. De este modo, los agentes realizarán inspecciones aleatorias para verificar el cumplimiento de la nueva ley y reforzar la prevención de accidentes. 

Ante esta situación, el Consejo de Mediadores reclama una normativa clara, coherente y sin textos dispersos que garantice seguridad jurídica y una protección equilibrada para víctimas y asegurados. Entre sus propuestas figuran una definición más precisa del “hecho de circulación”, la eliminación de exclusiones que reduzcan coberturas, la clarificación de la jerarquía normativa y una mayor armonización con la legislación vigente y el marco europeo. En cuanto al reglamento definitivo, el Consejo pide que sea accesible y sólido para evitar dudas e interpretaciones confusas.