Pensionistas exigen responsabilidades tras la tragedia de la DANA

Las organizaciones y plataformas de pensionistas de todo el Estado han mostrado su solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de las inundaciones causadas por la DANA, que azotó 78 localidades el pasado 29 de octubre. La catástrofe, que afectó a dos municipios de Castilla-La Mancha, uno en Andalucía y 75 en la provincia de Valencia, ha dejado un saldo oficial de 219 personas fallecidas y 11 desaparecidas tras más de 20 días de búsqueda.

El impacto ha sido especialmente devastador para las personas mayores de 70 años, y los pensionistas señalan la vulnerabilidad de este sector de la población, que requiere medidas de protección más efectivas.

En su comunicado, las plataformas han denunciado la gestión de la emergencia por parte del Consell de la Generalitat Valenciana, liderado por Carlos Mazón. Según el movimiento pensionista, “el gobierno ignoró las advertencias previas y no activó los protocolos necesarios para proteger a la ciudadanía, lo que resultó en que más de la mitad de las víctimas murieran en espacios cerrados”. Critican también que no se suspendieran las jornadas laborales, exponiendo innecesariamente a los trabajadores, mientras instituciones como la Diputación y la Universidad de Valencia sí tomaron medidas preventivas.

Además de los 219 fallecimientos, la DANA ha destruido infraestructuras clave, barrios enteros y más de 130.000 viviendas de familias trabajadoras. Respecto a ello, han expresado que “mientras servicios esenciales como sanidad, educación y pensiones se deterioran y privatizan, los recursos públicos se desvían hacia intereses de las élites, como la monarquía, la jerarquía católica o la industria bélica, en lugar de proteger a la población”.

El colectivo ha exigido un cambio radical en las prioridades públicas: apoyo directo a los damnificados, movilización del parque de viviendas vacías de bancos y la SAREB, y la implementación de un plan preventivo integral que implique a expertos técnicos y científicos. Señalan que “no solo es necesario paliar las consecuencias de esta tragedia, sino también preparar al territorio y a la población para futuros episodios de este tipo”.

Asimismo, han considerado imprescindible depurar responsabilidades. Recriminan duramente a Mazón su inacción durante las horas críticas de la emergencia y exigen su dimisión inmediata junto a la de su gobierno. Recuerdan que la indignación ciudadana se manifestó con fuerza el pasado 9 de noviembre, cuando miles de valencianos tomaron las calles para exigir responsabilidades y soluciones.

Por último, las organizaciones han destacado el movimiento de solidaridad que ha emergido tras la tragedia, con especial protagonismo de la juventud, que está ayudando a los afectados a superar este difícil momento. "Emociona ver al pueblo valenciano reaccionando como una sola voz", declararon, instando a todas las comunidades del Estado a contribuir con apoyo material y económico para la recuperación del País Valenciano.

Desde el colectivo pensionista, han reiterado la exigencia de que se prioricen los derechos, recursos y futuro de las personas afectadas, poniendo en el centro la vida y dignidad de todos.