Piden intensificar la presencia policial en Almendralejo tras la batalla campal

Desde la Organización en Defensa de lo Público son conscientes de que la mayor parte de los problemas de convivencia entre las personas nacen de la explotación laboral, la pobreza y de las condiciones de vida de los sectores socialmente más desfavorecidos, y de la pasividad de las diferentes administraciones públicas para hacer frente a las causas de estas situaciones tan negativas que se dan en la vida social.

“Los hechos sucedidos la noche del 20 de septiembre en Almendralejo son un buen ejemplo de lo que decimos”. Desde la ODP han manifestado repetidamente que las Administraciones Públicas tenían que dejar de lado su tremenda pasividad y adelantarse a estos posibles acontecimientos para que no se produjeran situaciones como las ocurridas.

“Un año tras otro encontramos una situación potencialmente explosiva por la convergencia de varios elementos que determinan la vida de un grupo social que acude masivamente a la localidad de Almendralejo en estas campañas agrícolas”.

“Aquí encuentran unas duras condiciones laborales en las que frecuentemente se les explota como mano de obra, alojadas en unas viviendas indignas o naves en las que 25 o 30 personas conviven en condiciones miserables”.

Desde la Organización en Defensa de lo Público han exigido en repetidas ocasiones que había que hacer frente a este estado de cosas. Así, en fechas recientes han realizado una rueda de prensa desde la que hacían un llamamiento para que los diferentes sectores sociales de la localidad y los poderes públicos pusieran en valor los principios éticos y las condiciones de seguridad que proporcionan una convivencia social y pacífica.

Con anterioridad habían solicitado, el día 29 de agosto, una entrevista a la delegada del Gobierno, en la que queríamos proponerles una serie de actuaciones que muy posiblemente pudieran reducir la conflictividad, y evitar los enfrentamientos que han tenido lugar, y que pueden repetirse en días sucesivos si las diferentes administraciones públicas no dejan de lado la pasividad en la que viven. Desde Delegación no obtuvieron respuesta.

“Se necesita un control y una vigilancia de la Administración Local y de la Delegación del Gobierno que impida el alojamiento en pisos pateras y en naves en unas condiciones mínimas de habitabilidad, en las que las vidas de las personas se aproximan al estado animal. No caben en estos casos quejas y lamentos de la población culpando a los inmigrantes cuando los dueños de los pisos para obtener unos 300 o 400 euros mensuales los alquilan a 25 o 30 personas”.

“Los poderes públicos deben controlar y vigilar que las condiciones laborales en las diferentes tareas agrícolas se ciñen a la justicia y a unas condiciones de trabajo dignas, puesto que algunos agricultores desaprensivos no sólo los explotan, sino que también los “meten” en naves en las que un ser humano difícilmente puede vivir.

Una vez más, insisten en que el alcalde y la delegada del Gobierno, como máximos responsables, y ante los últimos acontecimientos, deben intensificar la presencia de efectivos de la Policía Local y Nacional en toda la barriada para que la convivencia entre las diferentes personas que componen la población del barrio y de la localidad transcurra con la total normalidad.